Para la ciudadanía fue un gran escándalo enterarse de las siderales sumas que las dos empresas hidroeléctricas binacionales, Yacyretá e Itaipú, destinaron a la publicidad estatal. Pero, particularmente, Itaipú. Ambas entidades se convirtieron en una suerte de superministerio que pagaba a decenas de medios para favorecer al gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos.
Y no solamente llenaron de pautas publicitarias todos los espacios en los medios, sino que logró incorporar en noticieros de algunos canales de televisión entrevistas pagadas presentadas como noticias, engañando a la audiencia. Entonces no existía el impacto de las redes sociales ni el ejército de troles que hoy operan gracias a internet, muchos de ellos, rentados.
Recuerdo que entonces había consultado sobre el tema al colega Augusto Dos Santos, flamante titular de la Secretaría de Comunicación del Gobierno presidido por Fernando Lugo. Dos Santos tenía la idea de trabajar en un proyecto de reglamentación de la publicidad estatal, que no avanzó.
La ley que regía y rige la materia data de 1998. Es la N° 1243, “Que establece la distribución de publicaciones oficiales en medios nacionales de comunicación social”. Una norma que ha quedado desfasada, no solo en cuanto a los paradigmas que rigen en este campo, sino respecto a los medios de comunicación. Es de cuando internet no era de acceso universal ni había medios digitales. El fin de semana último, volvió a instalarse el debate sobre la distribución de las pautas publicitarias. Pero esta vez, por parte de la Entidad Binacional Yacyretá.
De nuevo quedó en evidencia cómo el gobierno de turno se vale de este recurso para pautar publicidad estatal en medios afines o con periodistas individuales, en medio de los contratos habituales en los medios de mayor ráting. Y una vez más se repite la historia de utilizar con fines de premiar o castigar, y no como una herramienta de buena gobernanza y que favorezca el pluralismo. En Paraguay la publicidad estatal sigue siendo también un subsidio para algunos medios de comunicación, particularmente en el interior. Un punto que de por sí representa una anomalía, puesto que atenta contra el principio fundamental del periodismo: la independencia.
¿Cómo criticar la gestión de la gobernación o la municipalidad desde un medio local, cuando este se sostiene casi exclusivamente de las pautas publicitarias estatales?
La historia vuelve a repetirse y hay dedos acusadores hacia ciertos medios y periodistas. Algo que dentro de cinco años podría ocurrir de nuevo si de una buena vez no se adoptan medidas para establecer criterios objetivos de distribución de la publicidad oficial, de una manera que no sea arbitraria ni discriminatoria, como lo es ahora. También hay que asegurar la transparencia en las asignaciones.
No compete a los medios hacer que la cuestión funcione así. Estos, como soporte publicitario, no tienen el rol de indagar en las razones que tienen los anunciantes para colocar los avisos en ellos. Pero sí tienen la obligación de mantenerse fieles a los ciudadanos, no renunciando a su tarea de actuar como contrapoder.
Otro gran desafío para los nuevos legisladores será el regular este tema, pero incorporando los estándares democráticos.
