La cuestión indígena es compleja y, por lo tanto, un terreno resbaladizo para opinar quienes tocamos de oído el delicado tema. El desalojo de la Plaza Uruguaya desató una serie de posiciones y opiniones que sobrevuelan el área, pero no el fondo de la cuestión.
Como todo tema mediático, abundan los charlatanes y los políticos oportunistas.
El jueves, la Policía ejecutó una orden judicial que obligaba el desalojo de la Plaza Uruguaya, en medio de tensión, en el marco de un pleito municipal, ya que el intendente capitalino, Arnaldo Samaniego, decidió ponerle rejas, con el objetivo de recuperar el espacio público. Una medida polémica que tiene más adeptos de lo que se cree. Pocos lo asumen públicamente porque no es políticamente correcto.
Los indígenas de tres parcialidades estaban asentados hace seis meses en el lugar y reclaman al Estado la compra de unas 8.000 hectáreas.
El caso desnuda no solamente la ausencia de políticas de Estado, sino el intento de estafa de quienes en gobiernos colorados han cuestionado esta práctica. Los brujos no se han ido, solo han mutado.
LAS TIERRAS RECLAMADAS. Los indígenas reclaman las tierras ubicadas en Unión, San Pedro. Tienen 8.000 hectáreas y pertenecen a un tal Eliodoro Cohene. El Instituto del Indígena (INDI) las rechaza no solamente porque no son aptas (la mayor parte son esteros), sino por la grosera sobrefacturación. Hace dos años costaban G. 1.200 millones y hoy se oferta al Estado ¡por 63.000 millones! Un descarado robo que incluye, sin dudas, jugosas comisiones para quienes defienden la propuesta.
LOS ACTORES. En este específico reclamo hay demasiadas sospechas con tufo a grosero fraude. Empezando por el líder indígena Panta Piris, muy cuestionado por indigenistas que no dudan en señalarlo como un simple peón corrupto. El padre jesuita Filemón Torres (antropólogo) dijo al periódico E´a que Piris, “lastimosamente, está corrompido y responde a un liderato con muchos vicios. Posiblemente quite su tajada de esto”. Más arriba, y con mayor poder, aparece el gobernador Pakova Ledesma, quien abogó por la compra de las tierras sobrefacturadas. Ledesma es el dirigente luguista con menos escrúpulos a la hora de recaudar. Basa su liderazgo en la causa campesina, enarbolando banderas de expropiación y expulsión de brasiguayos. Ahora presiona sin rubor por la compra de las tierras de Unión, que el INDI e indigenistas de innegable honestidad sostienen que no sirven.
LOS QUE SABEN. Óscar Ayala, el nuevo titular del INDI, es de la izquierda pura y dura. Militó en Patria Libre y fue abogado de Juan Arrom. Es abogado indigenista. Quién mejor que alguien del riñón de la izquierda para liderar un organismo que ha sido la bandera de Fernando Lugo en su campaña electoral. Qué mejor cargo para que la izquierda demuestre que, aparte de hacer buenos discursos revolucionarios, también sabe gestionar poder. En una actitud racional, Ayala se opone a la compra porque, a simple vista, es un robo descarado. El padre Melià, indigenista reconocido mundialmente, también cuestiona dichas tierras por inservibles y porque tienen un “costo exorbitante, cuando son incluso tierras de estero, que en gran parte no sirven. Esto es lucrar a costa de los indígenas, pues encima hay comisiones sobre estas tierras”.
El padre Melià es un intelectual honesto. Defiende la causa indígena y, a diferencia de otros, no cae en el populismo temático de lanzar pomposas consignas que no ponen el dedo en la llaga de este grosero intento de estafa al Estado, propugnado por los más emblemáticos líderes de la izquierda, como Pakova y José Rodríguez.
Además, los indígenas no solo merecen tierras, sino una política pública que atienda su salud, su alimentación y su trabajo, según su particular cosmovisión.
LA ARISTA HIPÓCRITA. En este contexto, otro actor principal es el inten- dente capitalino, Arnaldo Samaniego, quien, como viejo zorro colora- do, sabe que con el enrejado de la Plaza Uruguaya tendrá más adeptos que detractores. En términos políticos, él sale ganando. Sin embargo, su accionar es mentiroso, porque las seccionales coloradas usurpan hace años espacios públicos y él no pone el mismo empeño para recuperarlos. Pero Samaniego no moverá un dedo, porque los líderes de la ANR no quieren agradar a los ciudadanos en general, sino a los colorados en particular, porque aún creen que solos pueden llegar al poder.
INCOHERENCIAS DEL LUGUISMO. Este tema puso de relieve las graves diferencias del Gobierno en la cuestión indígena. Sobre todo cuando hay intereses de por medio. El INDI, el organismo pertinente, debería tener la voz cantante. La incursión de Pakova y los carperos apunta más al interés de la compra que a beneficiar a los indígenas. El comunicado de los carperos confirma el pleito: apunta a Óscar Ayala, a quien descalifican como indigenista y lo acusan de desobedecer una “orden directa” del presidente Lugo, al negarse a realizar una inspección directa de las tierras de Unión reclamadas por los indígenas, “sobre las cuales este señor ha difundido la grosera mentira de que es un esteral inservible”.
Lo peor de esta situación es que, cuando se apaguen las cámaras, los indígenas seguirán sobreviviendo su miserable vida.