Por Andrés Colmán Gutiérrez – Twitter:@andrescolman
La reciente Marcha Campesina, además de mostrar una vez más la fuerza de la organización agraria, dejó una clara advertencia: Los dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC) anunciaron que, ante la falta de respuestas del actual Gobierno ante los principales problemas del campo, han decidido romper la tregua que habían acordado hace algunos años y volver a recurrir próximamente a las ocupaciones de tierra como forma de lucha.
Este sorpresivo viraje de postura de quienes componen la más sólida y estructurada organización campesina del país, plantea un panorama al menos inquietante para los próximos meses.
La tensión y la confrontación en el campo subirán de tono, con las latentes posibilidades de estallidos de violencia, que casi siempre producen crisis con graves efectos políticos.
Un adelanto de este clima ya lo hemos sufrido esta semana, cuando se produjo un incidente de violencia, todavía no suficientemente esclarecido, con un numeroso grupo de campesinos. Se estima que fueron cerca de 150 personas las que atacaron la estancia Pindó, en Naranjito, Canindeyú.
El tratamiento policial, fiscal e informativo de este caso ya revela la poca capacidad que siguen teniendo las instituciones del Estado y principalmente de este Gobierno, para lidiar con los conflictos sociales, apelando primariamente a las acusaciones políticas ideologizadas, azuzando aún más la confrontación, antes que a la búsqueda por atender las cuestiones de fondo, por vía de la negociación y el diálogo.
Si algo caracteriza al gobierno de Horacio Cartes es la falta de una política inteligente para abordar la cuestión social. Sigue siendo una actitud de gran torpeza política –a no ser que sea una decisión deliberadamente provocadora– mantener a un ministro de Agricultura como Jorge Gattini, excesivamente identificado con los intereses de sectores sojeros y ganaderos, como el principal interlocutor con las organizaciones campesinas en pie de guerra.
El principal ministro político, Francisco De Vargas, tampoco se ha mostrado muy hábil, al pronosticar que hay grupos que quieren reprisar una masacre como la de Curuguaty, sin mostrar ninguna evidencia. O al acusar desde una página noticiosa oficial –la del Centro Informativo Ciudadano– que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaría detrás de un instituto educativo que supuestamente entrena a los campesinos para acciones de guerrilla. También sin ninguna evidencia.
Peligroso ambiente el que se está incubando y el que –en lugar de desactivar– se estimula desde el propio Gobierno.
Ante esta realidad, habría que convocar a la cordura y a la intervención de las mentes más lúcidas de los tres poderes del Estado y de la misma sociedad civil, para que se involucren en la búsqueda de espacios de diálogos constructivos, antes de que nos dejemos arrastrar por más irracionalidad y violencia.
