EFE
En su informe de 2014, publicado hoy, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) vaticina que el paso dado por Uruguay “afectará negativamente a (...) la lucha contra la droga”, en especial contra la marihuana, en otros países.
La JIFE vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de drogas, en su mayoría adoptados hace varias décadas.
“El Uruguay se ha convertido en el primer Estado parte en la Convención de 1961 que ha legalizado la producción, la distribución, la venta y el consumo de cannabis y sus derivados con fines que no sean ni médicos ni científicos”, recuerda el informe.
La Junta subraya que la ley que autoriza al Estado uruguayo a “asumir el control y la regulación de las actividades” de compraventa, distribución y almacenamiento de la marihuana, aprobada en diciembre de 2013, “es incompatible con lo dispuesto” en la citada convención.
El levantamiento de la prohibición de la compraventa de cannabis y la nacionalización de su venta en farmacias fue planteado inicialmente en 2012 por el entonces presidente del país, José Mujica, como una revolucionaria forma de combatir el narcotráfico.
En el informe, que dedica un capítulo especial a Uruguay, la JIFE insta al Gobierno uruguayo a elaborar “medidas eficaces y exhaustivas de fiscalización de drogas” (...) “cuyo objeto sea reducir la demanda ilícita de drogas”.
Además, reitera su “honda preocupación” por los “efectos negativos que la legislación de fiscalización del cannabis del Uruguay podría tener en el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas”.
La JIFE ya había advertido a Uruguay, poco antes de la adopción de la controvertida ley, de que su disposición violaría los convenios internacionales suscritos.
El órgano de Naciones Unidas asegura que “proseguirá su diálogo con el gobierno de Uruguay”, para el cual enviará “una misión de alto nivel” al país sudamericano.
