Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), normal es una palabra que se aplica a una cosa que se halla en estado natural, sirve de regla o se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Ninguna de las acepciones es aplicable a determinadas prácticas que algunos conspicuos integrantes de la clase política pretenden vendernos como normales. Lo anormal puede ser costumbre, pero sigue siendo anómalo, irregular, disforme… un cachivache indefendible.
Por decir, la ocurrencia vergonzosamente habitual del uso indebido de influencias no normaliza su abominable práctica. El descaro con el que algunos funcionarios exhiben un patrimonio claramente superior a lo que el total de sus ingresos lícitos le permitieran amasar no hace ni mucho menos natural su enriquecimiento; la defensa impúdica del prebendarismo político por parte de un tabacalero devenido en líder republicano no vuelve menos abyecta e ilegal su vigencia.
Los delitos no dejan de serlos por muchos que sean quienes incurran en su comisión, ni la sistematicidad con que lo hagan.
Parece una obviedad, pero es necesario repetirlo una y otra vez ante la dureza facial de la mayoría de nuestros representantes y de los administradores coyunturales de la cosa pública. Poco importa cuántas veces legisladores con el poder de afectar el presupuesto de una entidad pública han pedido a su administrador que nombre a un correligionario en algún cargo de alta recaudación; hacerlo sigue constituyendo un uso indebido de su influencia como parlamentario.
No se trata de la solicitud de un ciudadano cualquiera sin poder de afectar a la entidad, e incluso a la administración de quien recibió el pedido. Un médico de Clínicas, un jugador de fútbol o un estibador del puerto pueden recomendar los nombramientos que se les ocurran y no incurrirán en situación irregular alguna. Irregular sería que el administrador hiciera el nombramiento basándose en esa recomendación.
Sin embargo, si el pedido parte de quien puede votar o vetar el presupuesto de la entidad, o pedir la interpelación de su administrador, por ejemplo, la solicitud supone uso de influencia. Y si el hecho queda debidamente comprobado, la Constitución indica pérdida de investidura para el peticionante.
No es normal ni natural, ni es regla ni se ajusta a norma alguna que el senador Martín Arévalo permanezca en el Congreso luego de reconocer que pidió el nombramiento de dos funcionarios de Aduanas en cargos de alta recaudación. Se tiene que ir.
Esto mismo pasa con un sinfín de casos en los que la aberración la quieren minimizar pretextando su práctica habitual. Nos quieren convencer de que las anormalidades son normales.
Horacio Cartes nos dice que es bueno que haya tráfico de influencia y que la gente se afilie a la ANR buscando trabajo y educación. Senadores nos dicen que es normal que pidan nombramientos en Aduanas; y que es responsabilidad exclusiva del receptor del pedido cumplir o no con él.
La mayoría de los colorados, con su largo silencio, nos quieren convencer de que no pasa nada si el presidente del Senado, Óscar Salomón, cuenta muy suelto de cuerpo que su colega Juan Carlos Galaverna confesó que Cartes le pagaba cien mil dólares mensuales para defenderlo en el Congreso. O que el propio Galaverna asegure que Salomón está metido en el negocio de los tragamonedas.
Nos quieren convencer de que es normal que dos funcionarios de Aduanas con ingresos de poco más de once millones de guaraníes exhiban propiedades de multimillonarios.
Estamos boquiabiertos en la cubierta del galeote público viendo cómo piratas y bucaneros se lanzan al abordaje y se reparten los bienes del Estado cual botín, mientras nos repiten como un mantra que no hay de qué preocuparse, que esto es normal, que el saqueo es natural y que si queremos participar no hay más que afiliarse.
En realidad, lo que respondería a la norma preestablecida, lo normal sería que todos ellos terminaran la jornada meciendo sus cuerpos a varios centímetros del suelo.
