En las frágiles democracias de América Latina siempre existen autoridades que tienen la tentación de silenciar aquellos medios que cuestionan a los gobiernos y mantienen una postura crítica que aguijonea sus administraciones, salpicadas de corrupción y avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas.
La experiencia del Paraguay en tiempos de la dictadura del general Alfredo Stroessner fue muy dura. Su Gobierno totalitario articuló leyes liberticidas que incluían el cierre de los órganos de información que no cantaban loas a su gestión. La clausura temporal de este y otros medios y el cierre definitivo de algunos son evidencias que no deben olvidarse tan fácilmente.
Llama la atención hoy que políticos paraguayos con credenciales aparentemente intachables en materia de defensa y promoción del sistema democrático salgan a defender modelos donde se pisotea la libertad de prensa. Incoherentes en su conducta, siguiendo una penosa tradición local de los hombres públicos. Ayer se manifestaban contra el tirano por clausurar medios y ahora apoyan con entusiasmo medidas de esa naturaleza.
Los que cambian de posición de acuerdo al color del cristal con el que miren, cualesquiera fuesen sus antecedentes, no son confiables. Demuestran que no se rigen por valores sino por criterios oportunistas inadmisibles. Si llegaran a acceder a la conducción del país alguna vez, serán capaces de cometer las mismas barbaridades que con tanta pasión rechazaban en determinados momentos de la historia.
La prensa, en cualquier parte del mundo, tiene la obligación y el compromiso de ser responsable y estar al servicio de la verdad.
Su tarea de contralor del poder para que los gobernantes no se extralimiten en sus funciones no puede ser nunca un motivo para la manipulación de los datos que deben llegar a los lectores, oyentes o televidentes con la mayor objetividad posible. No obstante, ningún exceso puede justificar la aplicación de medidas de corte totalitario.
Los que acechan a la libertad de prensa en nuestro país son muchos. Cuando se tocan los intereses de los grupos que se creen dueños de la República y operan al margen de las leyes, con impunidad, lo primero que aparece en escena es la necesidad de eliminar a los que se alzan como obstáculos para los delincuentes que pretender tener carta blanca para cometer sus fechorías.
Si a ellos se agregan los políticos sin escrúpulos, capaces de dar luz verde a cualquier atropello a la sagrada libertad de prensa, ya completan el círculo. No hay mucha distancia entre los que alientan medidas represivas y los que se encargan de materializarlas. La ciudadanía no puede sino rechazar a quienes desean el retroceso a épocas que nunca deben regresar.