La situación podría ser creíble si no fuera porque Rivas, desde que se inició el proceso en contra en mayo de 2018, viene recurriendo a diversas chicanas para evitar ir a juicio. Esta vez consiguió que el juez Florentín nuevamente aplace la audiencia preliminar para el 10 de febrero de 2020, logrando de este modo seguir pateando el caso hacia adelante.
Todo se inició en febrero de 2017, cuando una investigación periodística de Última Hora y Telefuturo pudo demostrar que Tomás Rivas hacía figurar a tres personas (Lucio Romero, Nery Franco y Reinaldo Chaparro) como empleados de la Cámara de Diputados y cobraban salarios del erario público, pero en realidad uno era empleado de un comercio familiar de Rivas en Ybycuí, otro era casero en una residencia del legislador, ubicada en Lambaré, y otro estaba trabajando en su quinta en el Departamento de Paraguarí.
El caso fue presentado con evidencias fotográficas y filmaciones, tras varios días de seguimiento de los periodistas investigadores, demostrando que era un caso calcado al de los “caseros de oro” del ahora ex diputado colorado José María Ibáñez, quien reconoció ante la Justicia que había pagado a tres empleados particulares también con sueldos del Congreso, caso por el que fue privado de su investidura como legislador.
Desde el inicio de su imputación por parte del fiscal Luis Piñánez, Tomás Rivas acudió a varias chicanas para evitar ir a juicio y contó con la complicidad de una mayoría de sus colegas diputados para evitar que le saquen la investidura.
Cuando el juez Rubén Riquelme comunicó a la Cámara de Diputados la imputación y envió el pedido de desafuero, Rivas apeló y el caso fue elevado a la Cámara de Apelación Cuarta Sala, integrada por Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias. El legislador procesado volvió a recusar a los camaristas, por lo que se envió a la Sala Penal de la Corte para decidir si correspondía. Entonces, Rivas también recusó a los ministros de la Corte. Con las sucesivas chicanas, recién el 17 de mayo del 2019 se pudo destrabar el caso, tras casi un año, pero cuando ya todo estaba definido para que un juez decida si el legislador debía comparecer o no a un juicio oral y público, el mismo nuevamente consigue mediante un certificado médico dejar de concurrir, logrando que la audiencia pase para febrero del año próximo.
De este modo, el sistema de Justicia vuelve a demostrar lo vulnerable que es ante las chicanas, permitiendo que nuevamente se intente que uno de los casos más emblemáticos de corrupción política pueda quedar en la impunidad. Es algo que la ciudadanía no debe permitir que suceda.