El juzgado inició ya los trámites de la comisión rogatoria a Alemania al considerar la responsabilidad jurídica de la firma después de que el fiscal del caso expusiera en su informe que existen elementos que apuntan a que es la matriz la que dirige las actuaciones de las filiales.
El Ministerio Fiscal detectó estos indicios tras la declaración, a finales de 2015, del representante de Volkswagen-Audi España, Luis Comas, quien aseguró que los motores usados en los modelos españoles eran fabricados en Alemania.
Según el fiscal, existen elementos que permiten indicar que Volkswagen y SEAT no actúan en el mercado “cual compartimentos estancos”, sino que aquélla mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones “cual correa de transmisión directa sobre ésta”.
En el auto, fechado el 30 de junio, el juez señala que, puesto que los hechos investigados pueden constituir “un delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas”, así como “fraude de subvenciones” y “delito contra el medio ambiente”, “procede atribuir a Volkswagen la condición de investigado” para que pueda tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice la asistencia de un letrado.
Por todo ello, el juez admite las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y ordena la notificación a Volkswagen Alemania de la existencia de este procedimiento para que designe a un representante legal así como abogado y procurador.
A este efecto, el magistrado decidió expedir una comisión rogatoria a las autoridades alemanas.
El proceso se inició tras las querellas interpuestas por el sindicato Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la defensa de afectados por motores Volkswagen.
Fuentes de Volkswagen-Audi España declinaron hacer comentarios sobre procesos judiciales abiertos.
