Varias de ellas fueron presentadas en distintos distritos, lo que además de convertirse en un delito desvirtúa el proceso de elecciones.
Todo esto se da en medio de un dato clave, la mayoría de los Registros Electorales tienen control mutuo a través de funcionarios puestos por colorados y liberales, pero en su gran mayoría del color del partido de gobierno.
Un total de 282 sedes en todo el país tiene el Registro Electoral y cuentan como mínimo con cinco funcionarios.
Las mismas figuran en la composición del organigrama de la Justicia Electoral y en dichas instancias, eminentemente de distribución política, que se encargan de la inscripción y traslados de electores en tiempos no electorales y conforman el cuadro de funcionarios que asisten cuando hay elecciones, empieza el descontrol y muchas veces el negocio electoral.
De acuerdo con los apoderados de la oposición, no han visto avances en las denuncias tanto de traslados masivos detectados tanto en la Región Occidental o Chaco y también en distritos de la Región Oriental, esto se debe en muchos casos a la desproporción de cómo se conforman estas sedes electorales.
Si bien deberían estar distribuidos de manera proporcional por la ANR, PLRA y el tercer espacio partiendo de la base que así se conforma el TSJE, con ministros que tuvieron acuerdo de distintas agrupaciones políticas, en la práctica la cantidad de funcionarios que responden a un sólo sector, hace que la buena gestión y el debido control solo dependa de la buna fe y no de la paridad de fuerzas.
Esto se corresponde con la denuncia realizada recientemente por Iván Chilavert, que si bien responde a un sector de la ANR, caracterizó la práctica dentro del Registro Electoral en Trinidad como nefasta.
Una de las denuncias que realizó y pidió que el TSJE intervenga al respecto fue de que unos 300 traslados supuestamente irregulares, se dieron de ciudadanos de Central para recalar en un local electoral en Asunción.
La denuncia de Chilavert refiere que en los traslados una persona desconocida para él registró la dirección de su domicilio (de Chilavert), lo que consideró usurpación.
Ello fue tildado de inaudito por Chilavert, quien denunció que en el Juzgado Electoral no le dieron solución.
La práctica de los traslados ya fue denunciada a principios de año y se puso como ejemplo Chaco’i. Según la denuncia, alrededor de 3.000 personas se trasladaron masivamente. El diputado Rubén Rousillón denunció que para el efecto se ofreció de G. 100.000 a G. 300.000 por persona.
En esa ocasión fue aprobado y remitido al TSJE un pedido para que tome intervención.
En el mismo tiempo, surgían problemas de traslados, pero en este caso porque la oposición tenía trabas para realizar el trámite en Lambaré. También surgió problemas en la ciudad de San Antonio y también en San Pedro.
En Asunción, se hallaron 2.000 traslados se produjeron en un solo día, el 31 de julio. Para el efecto, dos funcionarias realizaron increíblemente más de 500 traslados.
“Es fundamental el periodo de tachas y reclamos.
El procedimiento es complejo y burocrático, pero en el caso de que se constaten tras-lados irregulares masivos, la máxima autoridad, TSJE, debe intervenir y dejarlos sin efecto como ya lo ha hecho en el pasado”, indicó.
Todas las características de este proceso de inscripción y las denuncias de irregularidades, de acuerdo con el senador Rafael Filizzola se configuran dentro del delito electoral. La maniobra de traslado fue descripta por el legislador. “A” puede trasladar algunos votantes del distrito X (donde le sobran) al Y (donde le faltan) y queda en mejores condiciones en ambos para ganar intendencias, por ejemplo, allí si por supuesto el traslado es fraudulento”, aseveró. En su cuenta de X consideró clave el proceso posterior a estas denuncias. Al respecto, se intentó la respuesta de la oficina, a cargo de Benjamín Díaz Valinotti, director del Registro Electoral, sobre estas denuncias, pero no hubo retorno por parte del mismo.
