Más allá del problema del financiamiento de una obra fundamental para el desarrollo del país, la decisión de cancelar el proceso licitatorio debe ponernos a discutir como país cuáles son las mejores formas de financiar la infraestructura y los demás bienes y servicios que el país necesita para emprender el camino al desarrollo.
La falta de capacidad de negociación del Gobierno, junto con soluciones que buscan ser impuestas sin considerar los costos económicos y de oportunidad, así como el necesario consenso ciudadano en un sistema democrático, generaron un contexto poco adecuado para lograr legitimidad en la contratación de la empresa que se encargaría de reconstruir la Transchaco.
El alto costo de la obra en un contexto de déficit público, el rechazo al aumento de la deuda pública por una parte de la ciudadanía y la incapacidad gubernamental para elevar las recaudaciones tributarias pusieron en debate la pertinencia de la modalidad de financiamiento denominado vía llave en mano.
En estos casos cabría preguntarse cuáles son los criterios que sigue el Gobierno para elegir cómo financiar una obra de semejante envergadura. Es decir, cuándo solicitar un préstamo a un organismo multilateral, cuándo hacerlo por la vía llave en mano o cuándo con una alianza público-privada.
El Gobierno debe contar con criterios claros que le permita argumentar con rigurosidad la opción seleccionada, de manera a no incurrir en costos innecesarios en la etapa de planificación, incluyendo el tiempo de retraso que significa la búsqueda de opciones alternativas si la diseñada no es la que permitirá la aprobación parlamentaria y la legitimidad ciudadana.
Las autoridades deben entender que la discusión sobre el financiamiento del desarrollo en general, y de la infraestructura en particular, se da en un momento de fuertes controversias por los altos niveles de desigualdad que se traducen en zonas aisladas que no cuentan con proyectos de obras que les permitan reducir su exclusión, además de la inequidad tributaria que se traduce en la percepción de que quienes se benefician con las obras no son quienes las terminan pagando.
La pretensión de que el país acepte una propuesta gubernamental sin críticas, además de que no se da en ningún país del mundo en el que imperen mínimas reglas democráticas, lleva consigo la negación de la existencia de un proceso dinámico de construcción de políticas públicas que debe incluir el análisis de distintas opciones en la búsqueda de eficiencia y equidad y de la puesta en discusión de esas opciones.
Pasar por alto estas condiciones lleva a aumentar la conflictividad política, la deslegitimidad de las propuestas gubernamentales, la desconfianza en los actores gubernamentales y el rechazo de la propuesta, aun cuando esta sea la mejor en términos económicos, sociales o ambientales.
El valor de la democracia radica, entre otros factores, en la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, por el lado del sector público; de auditoría ciudadana, por parte de la sociedad, y de balance de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.