La figura de Patricia Corvalán volvió a instalarse en el centro del debate político y judicial. La actual intendenta de Quyquyhó, identificada con el movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), se encuentra investigada por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y otros hechos vinculados al supuesto desvío de fondos públicos de la Municipalidad.
La causa investiga un presunto perjuicio patrimonial superior a G. 1.100 millones, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2017, años en los que el Municipio era administrado por su esposo, el diputado cartista Esteban Samaniego.
Según la Fiscalía, parte de esos recursos municipales habrían sido utilizados de manera irregular mediante un esquema que involucró a familiares, funcionarios y allegados políticos.
El fiscal Silvio Corbeta presentó acusación formal y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público contra Corvalán y otros procesados. Entre los acusados también aparece Blanca Álvarez, madre del legislador cartista.
CHICANAS
En los últimos meses, el expediente registró varios episodios judiciales marcados por recusaciones, apelaciones e incidentes promovidos por las defensas.
Se reportaron que las audiencias preliminares fueron suspendidas reiteradamente debido a acciones planteadas por los acusados, situación que generó críticas desde sectores políticos y judiciales por supuestas maniobras dilatorias.
Uno de los más recientes reveses judiciales para Corvalán ocurrió cuando un Tribunal de Apelación declaró inadmisible una apelación presentada por su defensa, destrabando así el proceso y habilitando al juez Humberto Otazú a fijar nuevamente fecha para la audiencia preliminar que definirá si la causa va a juicio oral.
El presunto perjuicio se habría realizado durante la gestión municipal del diputado Samaniego, pero debido a sus fueros, la causa no avanzó.
A LA JUNTA
Pese a la situación judicial, Corvalán continúa con actividad política dentro del cartismo. Incluso promovió recientemente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia buscando quedar habilitada para nuevas candidaturas municipales.
Sin embargo, y como no tuvo respuesta de la Corte y el plazo legal para sustituir las candidaturas ya había fenecido, ya no pudo hacer nada.
Paralelamente, su nombre comenzó a sonar para integrar la Junta Municipal de Quyquyhó, movimiento interpretado por sectores opositores como una estrategia para conservar poder político en el distrito.
Incluso su nombre y fotografía ya figuran en los boletines de voto entre los candidatos a la Junta para los próximos comicios de junio, según se desprende de la página oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
En caso de que el mes que viene durante las internas resulte victoriosa para pugnar como concejal durante las municipales de octubre, la misma deberá renunciar a su cargo actual como intendenta 3 meses antes.
Corvalán había sumido como intendenta de Quyquyhó en abril del 2018, tras ser electa en reemplazo de su esposo, quien había renunciado al cargo en el ejecutivo municipal para postularse a la Cámara de Diputados, es decir, completó el periodo iniciado por su pareja hasta el 2021, en plena pandemia del Covid -19.
En el siguiente periodo se postuló como candidata buscando el rekutu y fue reelecta para el periodo 2021-2026, mandato que actualmente está cumpliendo.
CLAN
La trayectoria política de Patricia Corvalán ha estado estrechamente ligada al denominado clan Samaniego, grupo político con fuerte influencia en Quyquyhó y dentro del oficialismo colorado.
Su esposo, Esteban Samaniego también fue objeto de múltiples polémicas públicas y cuestionamientos relacionados con el manejo administrativo de la comuna y supuestos privilegios políticos. Ambos forman parte del sector Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.
