29 jul 2026

“La huelga judicial depende de lo que decida la Cámara de Diputados”

Según dijo esta mañana Porfiria Melgarejo de Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, la realización de la huelga judicial, anunciada para el 10 de noviembre próximo por un mes, depende de lo que resuelvan los diputados.

75040a22-450d-427b-9a2b-e65f4ac07f77.jpg

A la huelga. Porfiria Melgarejo de Ocholasky exhibe las notas presentadas ante los diputados.

Foto: Gentileza.

La secretaria general explicó que son dos cosas las requeridas, el reajuste salarial del 20, 10 y 5 por ciento para 7.596 funcionarios judiciales de la capital y del interior que hace 14 años no tienen aumento salarial.

Además, de la nivelación salarial para 2.840 funcionarios con cargos jurisdiccionales, de los cuales 868 son dactilógrafos y 826 oficiales de secretaría, para los que piden G. 4.200.000.

Asimismo, para 1.146 ujieres notificadores de tribunales, juzgados de primera instancia y juzgados de Paz, la suma de G. 4.500.000 y 4.000 funcionarios que perciben por debajo del salario mínimo.

En total serían beneficiados 10.436 funcionarios con el presupuesto requerido, aunque incluso podría ser menos si es que se aprueba por seis meses, ya que con ello, quedaría ya previsto en el presupuesto del 2027, conforme explicó.

DATAS.jpg

Lo que piden. El monto que solicitan los sindicalistas.

Foto: Gentileza.

El primer pedido, representa la suma de G. 67.337.253.322 y la nivelación salarial representa la suma de G. 50.016.914.376, monto que en 13 meses da la suma total de G. 120.231.221.423, conforme señaló.

Remarcó que hablaron con varios diputados y les tuvieron que mostrar las planillas de salario porque no creían que los funcionarios judiciales ganaban menos del salario mínimo, y que ellos estaban esperanzados.

Alegó que el 1 de noviembre iban a realizar la asamblea para ratificar la huelga de todos los funcionarios por 30 días, pero que estaba supeditada a lo que señalen los diputados en su resolución.

Explicó que si bien tenían un dictamen negativo para el aumento salarial por parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto, ellos estaban esperanzados en los diputados con los que hablaron y que eran de todas las bancadas.

SALARIOS.jpg

Los salarios. La planilla muestra lo que perciben actualmente los funcionarios.

Foto: Gentileza.

Remarcó que la decisión de huelga general se tomó en asamblea, tras conocerse la decisión de la citada comisión, pero ahora, el 1 de noviembre, iban a ratificar la decisión. Con ello, iban a notificar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y al Juzgado en lo Laboral de turno.

Dijo que el Ministerio del Trabajo dentro de las 72 horas debía fijar una reunión tripartita, para tratar de llegar a un acuerdo sobre la huelga.

Además, Ocholasky indicó que de lo que decidieran los diputados iba a depender que realizaran o no la huelga judicial el próximo 10 de noviembre y que se extendería por un mes hasta el 10 de diciembre próximo.

Más contenido de esta sección
Por considerar que el lugar de reclusión es una competencia administrativa del Ministerio de Justicia y del Poder Ejecutivo, entre otros puntos, el juez de Ejecución Carlos Mendoza rechazó el pedido de la defensa del ex senador Erico Galeano para ser trasladado al Penal Militar de Viñas Cué.
Luego de acusar y pedir juicio oral para Alexandre Rodrigues Gomes, por supuestamente transferir a su abogado propiedades que tenían prohibición legal, ahora piden sobreseimiento provisional para la funcionaria de Registros Públicos, desde cuyo usuario se levantaron las medidas cautelares.
Nuevamente, la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva contra Gianina García Troche, ex pareja del supuesto jefe narco Sebastián Marset, en el caso A Ultranza Paraguay. La Fiscalía se opuso, y según la magistrada, la defensa no fue clara al solicitar de modificar la prisión, por lo que de oficio revisó la medida.
Víctimas. Son varios los hijos menores que quedan huérfanos.
El testigo Adolfo D’Ecclesiis, vendedor de la empresa Ombú SA, de propiedad de Marcus Vinicius Espíndola, dijo que la empresa nunca ofreció los chalecos antibalas al Ministerio del Interior, ya que esas adquisiciones se realizaban vía licitación y ellos nunca participaban en esos procesos. Esto, en el juicio oral contra el ex ministro Arnaldo Giuzzio.