Sin embargo, las autoridades son elegidas justamente por su liderazgo. Porque a veces deben tomar decisiones que no gustan, pero que son necesarias para resolver los problemas del país.
Pero cuando se trata de ministros de la Corte, camaristas, jueces y agentes fiscales, la cuestión es totalmente diferente, ya que –en teoría– los mismos deben resolver los casos basados en la ley y en las pruebas que tienen a la vista.
Estando en alguno de estos cargos, la responsabilidad es mayor, por lo que hay que estar preparados para soportar la presión, principalmente desde las redes sociales y sus hinchadas apostadas en la gradería, observando lo que hacen.
Si no están preparados, se nota. Sus decisiones no soportan el más mínimo análisis de logicidad. De ahí, lo que se percibe es que la decisión se hizo solo para complacer a la gradería, aunque pareciera que luego tienen algo de conciencia.
Dos ejemplos claros se dieron en los últimos días: Uno con la auxiliar fiscal imputada por supuesta reducción y resistencia. El segundo, con la enfermera que fue procesada por supuesta omisión de auxilio.
En el primer caso, en principio, la mujer fue aprehendida por la Policía, pero el fiscal la liberó porque, según explicó, no podía decretar la detención ya que aún no había imputado.
No obstante, hubo críticas de todos lados, al punto de que incluso se abrió un sumario administrativo.
Ante esto, finalmente, el fiscal imputa y hasta ordena la detención, pese a que la mujer, según la defensa, quiso presentarse varias veces, y no la aceptó. Su requerimiento fue presentado ante el juez de Garantías.
La cuestión es que, pese a que dispuso su detención, después solicitó al juez la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. ¿Cómo es que si dispone detener a una ciudadana, luego le pide al juez que lo libere? ¿Cuál es el objetivo entonces?
Lo peor es que, luego, el magistrado decreta la prisión preventiva cuando le solicitaban medidas alternativas, debido a que, en teoría, para el fiscal ya no hacía falta la medida privativa de libertad. Luego le dio arresto domiciliario.
Al final, con todas estas incongruencias que se dieron, todo nos lleva a pensar que la cuestión se dio solo para satisfacer a la gradería, y lo realizado no estaba muy apegada a la actuación que deben tener las autoridades.
En el segundo caso, donde por redes sociales se observó la filmación de una mujer que tuvo que parir en el pasillo de un hospital público, la Fiscalía dispuso nada menos que la detención de una enfermera por supuesta omisión de auxilio.
En este caso, contrario a lo que explicó el otro fiscal, la orden se dio sin que hubiera primero una imputación. La mujer se presentó ante la comisaría y quedó presa. Tras ser citada a indagatoria, fue imputada.
La misma fiscala que dispuso la detención, pidió luego que se le aplicaran las medidas alternativas a la prisión. Después, el juez de la causa le concedió el beneficio y la trabajadora fue liberada.
Lo grave es que la omisión de auxilio, en su tipo base, tiene pena de un año o multa, y en el peor de los casos, en su modo agravado, dos años o multa. En cualquiera de ellas, hasta con una condena de cárcel se puede suspender la ejecución de la pena.
Lo que nos preguntamos entonces es: ¿Para qué se decreta la detención si luego piden medidas alternativas a la prisión? Es otro caso para satisfacer a la gradería.
En ambas causas aún hay mucho que investigar, por lo que esperemos que los intervinientes estén a la altura, ya que por redes se pide sangre. Ojalá que los que ocupen cargos de ministros, camaristas, jueces o fiscales tengan la fortaleza suficiente para no sucumbir a la gradería, ya que está en juego la libertad de las personas.
