24 abr. 2024

La Fiscalía opera con la UTCD contra empleados, denuncian

Se prestan. Zayas denuncia que están sujetos a lo que el Ministerio Público y la UTCD “cocinen”.

Se prestan. Zayas denuncia que están sujetos a lo que el Ministerio Público y la UTCD “cocinen”.

Tras reclamos por sueldos atrasados, la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) inició denuncias penales contra docentes y ex coordinadores de la universidad ante la Fiscalía y, según denuncian, “el Ministerio Público se presta e imputa rápido”.

Los licenciados Cristhian Zayas y Óscar Maciel, ex coordinadores de la UTCD, expresaron que cuentan con varias denuncias en su contra, luego de que iniciaran las demandas laborales.

Detallaron que todo está tramitado en la central, como pago de alquiler y salarios. “Nosotros no teníamos acceso a la plata, pero venían los reclamos. Daniel Fretes Ventre, como directivo de la sede central, daba la orden de que a los docentes que crean tumulto directamente se les aparte del cargo y yo y otros que nos negamos a eso, nos apartaron del cargo”, expresó Zayas.

Zayas soporta imputaciones por lesión de confianza, denuncia falsa y asociación criminal. “Para que me puedan acusar –por denuncia falsa–, debe haber un dictamen de un juez que diga que mis denuncias fueron falsas, lo que nunca hubo, pero igual me imputaron”, dijo.

Expresó que en principio estaba llevando adelante la causa el ex fiscal Bernardo Elizaur, que terminó amenazándole por WhatsApp.

“Me imputaron sin llamarme a indagatoria. Ninguna de las diligencias que solicitábamos se hacía, pero lo que pedía la UTCD, sí”, detalló.

En su caso, la facultad presentó la denuncia por un faltante de G. 300 millones, pero según el perito de la Fiscalía, el faltante de documentos era por 150 millones. “Entonces la facultad cambia otra vez su auditoría y se acomoda al de ellos”, refirió.

En el caso de Maciel, le imputaron por falta de rendición, a pesar de demostrar los documentos. Ahora cuenta con medida alternativa. “Dijeron que yo robé G. 500 millones, después 300 y ahora la imputación es por G. 57 millones”, relató.

Explicaron que de parte la facultad les dicen que retiren la demanda laboral y que luego retirarían la denuncia penal. “Como salió bien con un coordinador de San Lorenzo, empezaron a hacer lo mismo”, refirió Zayas.

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