El ex intendente de Asunción Mario Ferreiro fue absuelto por unanimidad por el Tribunal de Sentencia, que concluyó que no existió perjuicio patrimonial a la Comuna capitalina en la causa conocida como Asado de Fin de Semana, un supuesto esquema de recaudación paralela.
“El Ministerio Público no describió ninguna conducta asimilable al tráfico de influencias con relación a Mario Ferreiro”, aseguró la jueza Yolanda Morel, quien presidió el tribunal. La conclusión fue bastante explícita: No existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción, no existió lesión de confianza, en la primera porción de hechos; “como tampoco hubo una lesión de confianza omisiva por parte del señor Mario Ferreiro”.
Además del ex intendente, fueron absueltos en la causa Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos, Fernando Ferreiro y Roberto Ferreiro. Sobre estos dijo el tribunal que no se comprobó que hayan mediado ante algún funcionario para el pago a la empresa sindicada en la causa, ya que los testigos afirmaron que ellos no estaban involucrados en el proceso administrativo.
El Ministerio Público presentó como pruebas fotos satelitales y supuestos pagos que se dieron a empresas contratistas, pero que no correspondían, según explicaron las juezas. El caso fue investigado por la fiscala Stella Mary Cano.
Para el abogado Guillermo Ferreiro, la causa fue “un apriete” por el que se buscó sacar de la intendencia a Mario Ferreiro, y expresó que la fundamentación del tribunal fue una paliza al Ministerio Público. “La Fiscalía es un garrote de la delincuencia en este país”, aseguró.
Se encuentra en ese y en otros cuestionamientos la raíz de la pérdida de confianza y de credibilidad del Ministerio Público.
Cuando esta institución, que según la Constitución Nacional representa a la sociedad, no cumple con sus objetivos de velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, la ciudadanía queda desprotegida y duda de la Justicia. Y, si bien es cierto que este ha sido un año histórico por la condena de uno de los clanes políticos más perversos del país, el clan González Daher, llegar a esa condena y proveer algo de justicia a sus víctimas se puede afirmar que ha costado sangre, sudor y lágrimas, y que también hizo falta mucha presión social para lograrlo.
La Fiscalía General del Estado debe lavarse la cara. Es inadmisible ya que una institución tan fundamental para el Estado paraguayo y para la sociedad sea tan permisiva con los sucesivos hechos de corrupción pública y, mientras concede impunidad a algunos, arruina carreras a autoridades electas por el voto popular, como es el caso del señor Ferreiro.
La ley les otorga a los fiscales autonomía para realizar su tarea, para que hagan su trabajo con absoluta independencia, libres de presiones o imposiciones. Ese es, sin dudas, el gran desafío que enfrentamos en el Paraguay. Es por eso que resulta esperanzadora la propuesta del recientemente electo fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, quien envió una nota a la actual fiscala general, Sandra Quiñónez, para solicitar la realización de auditorías en la institución. La carta llevaba como lema “ordenar la casa”. En estas actitudes están cifradas las expectativas, pues precisamos con urgencia autoridades que sean valientes e independientes, que tengan el coraje para combatir la corrupción y la impunidad y, sobre todo, poner fin a la presencia del crimen organizado en la política.
Porque la Fiscalía tiene una obligación fundamental para con la sociedad: la de mantenerse prescindente de involucrarse en las cuestiones político-partidarias, para que la Justicia sea imparcial y equilibrada, y sea justa.