La pena mayor, de 25 años de cárcel, se solicita para el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras.
Tras el proceso independentista catalán del 2017, nueve políticos de esa región del nordeste español están en prisión preventiva por la causa que instruye contra ellos el Tribunal Supremo.
El presidente de dicho gobierno, Carles Puigdemont, se encuentra huido de la justicia española y reside en Bélgica.
En su escrito de este viernes, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.
Además de Junqueras, están presos otros cinco exconsejeros del Ejecutivo catalán, para los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel, así como la ex presidenta del Parlamento regional de Cataluña y dos líderes de organizaciones sociales muy activas durante el proceso secesionista, para los que piden 17 años de cárcel y otros tanto de inhabilitación absoluta.
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Además de la causa que lleva el Tribunal Supremo, otros implicados en el proceso independentista están procesados en la Audiencia Nacional española, una instancia inferior, entre ellos el entonces jefe de la policía autonómica de Cataluña, Josep Lluís Trapero, al que la Fiscalía de este organismo acusó también de rebelión y pidió para él 11 años de cárcel.
En este caso, el Ministerio Público agravó la calificación de la jueza a cargo, quien procesó a Trapero por sedición, un delito que conlleva menos años de cárcel.
La rebelión está castigada en la legislación española con una pena que oscila entre 15 y 30 años, mientras que la sedición, que implica que no hubo un alzamiento violento, conlleva unas penas de entre 10 y 15 años.
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La consideración de uno u otro delito depende, básicamente, de cómo se interprete el nivel de violencia que se produjo a lo largo del proceso secesionista, que el año pasado culminó con una Declaración Unilateral de Independencia aprobada por una ajustada mayoría del Parlamento de Cataluña en octubre del año pasado.
Además de la Fiscalía, en el caso contra los independentistas acusa también la abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio del Justicia, y que por tanto, actúa en nombre del Gobierno, que en ese caso, acusará de sedición y malversación de caudales públicos.
