La Fiscalía informó en un comunicado que ha iniciado otro proceso contra el exministro por presumir enriquecimiento ilícito, un delito castigado con entre 7 y 10 años de prisión.
En una audiencia de formulación de cargos efectuada hoy en la Corte Nacional de Justicia y en la que participó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, el Ministerio Público presentó 19 elementos de convicción para sustentar su nueva acusación.
Al inicio de la diligencia, el abogado del exministro, Xavier Cazar, solicitó que su cliente intervenga en la audiencia a través de una videoconferencia, pero la jueza de la causa, Silvia Sánchez, no lo permitió por considerar que no se cumplían ciertos requisitos legales, especialmente que la comunicación debe ser real, directa y fidedigna tanto en imagen como en sonido.
De su lado, el fiscal Chiriboga señaló que, con base en estudios sobre los llamados papeles de Panamá, en torno a cuentas sospechosas en paraísos fiscales, se han establecido observaciones a las declaraciones patrimoniales del exministro.
Chiriboga indicó que la Contraloría (juez de cuentas del Estado) ha remitido un informe en el que se advierten irregularidades sobre las declaraciones patrimoniales del exministro, desde que era funcionario de Petroecuador y como titular de Hidrocarburos, entre el 28 de febrero de 2014 y el 11 de mayo de 2016.
El examen determinó que el acusado “no reveló en sus declaraciones patrimoniales las cuentas y tarjetas de crédito que estaban a nombre de su esposa Matilde A.”, señala el texto de la Fiscalía.
Agrega que el exministro no informó que su esposa donó a sus hijos, en julio de 2015, más de 371.000 dólares y que no reveló inversiones en un par de bancos privados del país.
Tampoco declaró sobre una cuenta en un banco de Panamá a nombre de la empresa Capaya, de la cual era beneficiario.
El fiscal Chiriboga explicó que el informe de la Contraloría sobre la declaración jurada del exministro determinó que “existen activos no declarados e ingresos no justificados”, lo que configuraría el delito de enriquecimiento ilícito.
Por ello, solicitó que se dicte la orden de prisión preventiva contra el exministro, con fines de investigación, petición que fue aceptada por la jueza de la causa que, además, pidió a las autoridades pertinentes su localización y captura.
Sobre el exministro, quien abandonó el país antes de que estallara el escándalo de supuesta corrupción en su contra, pesa una difusión roja de la Interpol para su localización y captura, medida que la Justicia ecuatoriana extendió a varios de los 17 investigados en el caso de cohecho en Petroecuador.
