Todos estos crímenes fueron cometidos entre los años 1986 y 1996, periodo del genocidio contra la UP y al declararlos de lesa humanidad se evitará que prescriban porque en algunos casos han pasado más de 25 años, que es el periodo máximo previsto en la ley colombiana.
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo a periodistas hoy que “se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado”.
El caso de Jaramillo, asesinado a tiros en Bogotá en marzo de 1990, cuando era candidato a las elecciones presidenciales de ese año, ya había sido declarado crimen de lesa humanidad, condición que ahora se ratifica y se le considera además de guerra.
El senador Pedro Luis Valencia fue asesinado en Medellín en agosto de 1987 y el dirigente José Antequera corrió la misma suerte en el aeropuerto de Bogotá en marzo de 1989.
Perdomo agregó que estos atentados tuvieron un carácter “generalizado, sistemático y reiterado contra la población civil”.
Asimismo, subrayó que tras el “estudio de contexto” se determinó que en este caso “nos encontramos ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Delitos de diferente categoría, como homicidios, desaparición forzada y otros como amenazas”.
Según el vicefiscal, esta medida, aparte de asegurar que los citados crímenes sean imprescriptibles, permite que otros casos de miembros o simpatizantes de la UP sean considerados crímenes de lesa humanidad o de guerra en el futuro.
El partido Unión Patriótica nació en 1985 con una posición ideológica izquierdista en un momento en el que las FARC negociaban un proceso de paz como una herramienta para hacer política sin armas.
Desde su primera presencia electoral en 1986 la UP obtuvo una notable representación lo que desató que fuerzas paramilitares e incluso agentes de seguridad del Estado iniciaran el asesinato de casi 4.000 miembros del partido, si bien la ONG Reiniciar considera que las víctimas de la organización suman más de 6.000 entre amenazados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció como “genocidio” ese asesinato de miles de sus militantes.
El pasado mes de mayo la Fiscalía también decretó como crimen de lesa humanidad el asesinato del entonces senador de la UP Manuel Cepeda, padre del actual senador Iván Cepeda.
