Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahique incidieron ante el juez Julián Ercolini en el pedido que ya hicieron el pasado 16 de agosto con el fin de que emita una orden para que la exmandataria declare por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública junto a otros 33 acusados, informó la página oficial de los fiscales.
Desde el Ministerio Público Fiscal consideran que hay “elementos probatorios suficientes” para convocarlos a declarar.
“No se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada”, indicaron en su presentación.
Los procuradores también habían solicitado ante el juez que dicte “la inhibición general de bienes” para los implicados.
En este sentido, expresaron que lo expuesto hasta ahora “tiene como objetivo la necesidad de avanzar coordinadamente y sin demoras en el esclarecimiento del conjunto de hechos y la averiguación de la verdad.”
La Fiscalía ve indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando al empresario actualmente detenido Lázaro Báez, quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Báez fue el principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, y está en prisión desde abril en el marco de otro expediente por presunto lavado de dinero, conocido como “Ruta del dinero K (Kirchner)”.
Además, su nombre aparece en otras causas que investigan presuntos manejos irregulares en sociedades de la expresidenta y su entorno familiar.
