En este momento Paraguay está con la visita de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) con el objetivo de realizar la evaluación del desempeño de nuestro país. Este proceso, iniciado en 2019, sufrió retrasos primero por los cambios en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y después por la pandemia.
En 2008, luego de una evaluación similar realizada en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país entró a una lista gris por las deficiencias que tenía en su sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En 2012 volvió a salir gracias a las medidas tomadas, sobre todo en el ámbito del fortalecimiento normativo.
El monitoreo y las evaluaciones que realiza en el marco de un trabajo de cooperación entre pares buscan mejorar las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas y profundizar vínculos entre los países, como el de los relativos a los flujos de información.
El pronóstico actual no es muy bueno, teniendo en cuenta que existieron pocos avances desde 2012 e inclusive existen fallas graves tanto desde el Poder Ejecutivo, en su capacidad para detectar y controlar, como del Poder Judicial, para penalizar.
La situación empeora si se tienen en cuenta algunos hechos bochornosos, escándalos mediáticos, apresamientos en el extranjero, que si bien no constituyen hechos relevantes en un proceso como el que se está llevando a cabo, sí enturbian el ambiente y generan una sensación de descontrol, ya que son casos que involucran a personas con alto perfil.
Uno de los pasos más importantes dados para mejorar la posición de Paraguay frente a esta evaluación fue la aprobación de un paquete de leyes que ajustaron las normativas locales a los requerimientos que establecen las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el combate al lavado de activos.
Sin embargo, la aprobación de leyes no es suficiente. El país deberá demostrar que tiene fortaleza en sus mecanismos de coordinación y de información para detectar y prevenir operaciones sospechosas y que es capaz de penalizar estos actos cuando se realicen.
En estas últimas acciones es donde más desafíos existen, ya que, como la prensa ha dado a conocer, existen muchos casos que no han podido prevenirse y si bien hay avances en hechos debidamente condenados por la Justicia, hay casos muy importantes pendientes de penalización. La recuperación de los recursos involucrados también debe ser una prioridad para las autoridades.
La gravedad del problema que enfrenta nuestro país se refleja en la compleja agenda de entrevistas a realizar durante la evaluación, que incluye a instituciones y personas que por primera vez participarán.
Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo. Hasta ahora lo que estamos mostrando es que es muy fácil y poco costoso realizar negocios y transacciones ilícitas en nuestro territorio.
