Fuentes cercanas al proceso precisaron a Efe que el recurso, que se ha presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, no entra a juzgar si la intervención es o no ilegal, pero sí subraya sus defectos de forma.
Por su parte, fuentes de Gas Natural declinaron hacer comentarios.
A mediados de noviembre, el Gobierno colombiano anunció la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe con el fin de “reorganizar” la empresa y garantizar el suministro de electricidad allí donde opera.
A principios de ese mes, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros (1-318 millones de dólares al cambio actual), si bien la multinacional precisó que tenía aprovisionado el 83 % de este importe.
El grupo español posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.
Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona.
La compañía distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas en Colombia por fallos en el servicio.
Al margen de la intervención de Electricaribe, Gas Natural solicitó en julio abrir un diálogo de seis meses -plazo que acaba a mediados de enero- al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España.
En el caso de no alcanzar un pacto, una opción que tiene la multinacional española es recurrir al arbitraje internacional llevando el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial.
En presentación de resultados del tercer trimestre del año, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, reivindicó “seguridad jurídica” en Colombia para poder hacer frente a la morosidad y al fraude en Electricaribe, si bien se mostró “seguro” de poder alcanzar un pacto con el Gobierno colombiano.
