El procedimiento encarado por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que terminó con el decomiso de unas 90 toneladas de cebolla de la estancia Última Esperanza, en el Departamento de Boquerón, fue defendido por el titular de esta institución, Oscar Orué, quien alegó que el operativo fue ordenado tras un exhaustivo “trabajo de inteligencia”, que constató que se trataba de productos ingresados de forma irregular al país desde Brasil y Argentina.
“En las fotos se ve que son bolsas extranjeras. Mezclan con su producción y venden más de lo que pueden producir. Se realizó un trabajo de inteligencia y se detectó que son traídos en parte de Brasil y otra parte de la Argentina”, aseguró el funcionario.
El director explicó que, durante el proceso, los funcionarios de la DNIT realizaron una compra simulada, a través de la cual “se observaron las bolsas extranjeras”. Añadió que, tras los hallazgos, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento al establecimiento productivo, propiedad de Herbert Hiebert Falk, y que actualmente el caso está bajo sumario administrativo, durante el cual el productor deberá presentar su descargo.
Ante las críticas del sector productivo, Orué respondió: “Ellos pueden alegar lo que quieran”, refiriéndose al argumento de que las bolsas utilizadas serían recicladas por la falta de envases suficientes en el mercado local para almacenar la producción chaqueña.
AMEDRENTAMIENTO. El operativo en la estancia Última Esperanza, realizado durante los días 15 y 16 de octubre pasados, provocó una fuerte reacción de los gremios que se dedican a la producción agrícola, que calificaron el procedimiento de la DNIT de irregular y exigieron sanciones para los responsables.
A través de un comunicado conjunto, la Fecoprod, la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) manifestaron su “profunda preocupación” por lo ocurrido. “Llama poderosamente la atención la predisposición y rapidez de ciertas autoridades para intervenir la finca de un productor paraguayo con una larga trayectoria en el sector hortícola chaqueño, al que no dudaron en calificar de contrabandista”, expresaron las entidades.
Según manifestó el productor de cebolla intervenido, su estancia produce entre 1.800.000 a 2.000.000 millones de kilos de esta hortaliza por año, que actualmente se encuentra en etapa de cosecha.
El comunicado destaca que Hiebert es un productor reconocido por las propias autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por su inversión, tecnología y capacidad productiva, con unas 70 hectáreas de cebolla bajo riego, lo que incluso permitió la primera exportación de cebolla paraguaya a la Argentina el año pasado.
“Mientras algunas instituciones públicas se autoperciben valientes por perseguir a quienes trabajan la tierra, resulta llamativo su silencio e inacción frente a la abierta comercialización de productos de contrabando en las ciudades. No podemos más que señalar que están equivocando el camino”, señala.
SIN SEGURIDAD. Los gremios alertaron que el procedimiento “pone en riesgo la seguridad jurídica del productor nacional” y advirtieron que “se está llegando a una situación límite en la que cualquier productor es culpable salvo que logre demostrar lo contrario”.
Ante esto, reclamaron garantías reales al Gobierno nacional para producir dentro del marco legal y “protección, no amedrentamiento”, enfatizando el compromiso de los gremios con una producción nacional sólida que genere empleo y desarrollo.
LA CIFRA
2.000.000 de kilos de cebolla produce al año Herbert Hiebert Falk, en su establecimiento Última Esperanza, del Chaco paraguayo.
