El monto de la convocatoria del MOPC es de G. 19.099 millones y es para el llamado 25/2024 a Licitación Pública Internacional (LPI) para la contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en cuatro ciudades intermedias.
Además, Contrataciones recomienda que, “como medida de prudencia administrativa, la convocante suspenda la continuidad de la adjudicación del presente llamado, hasta tanto se resuelva la reconsideración planteada”. Igualmente, la DNCP designó a la abogada Jessica Velastiqui “como funcionaria encargada de la resolución recurrida en base al escrito de reconsideración presentado”.
La semana pasada apareció una denuncia por supuesto conflicto de interés en la citada licitación del MOPC. Según los datos, la titular de la cartera de Estado, ingeniera Claudia Centurión, firmó la adjudicación (Resolución N° 2427/24), a pesar de haber tenido vínculos previos con la empresa chilena Cruz y Dávila Ingenieros Consultores (CYD Ingeniería), una de las integrantes del consorcio adjudicado, ELC CYD (Electroconsult del Paraguay SA y Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Limitada), ganador del llamado para la contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario.
Más. La mencionada convocatoria hace alusión a las obras sanitarias que beneficiarán a las ciudades de Santa Rita (Alto Paraná), San Ignacio Guazú (Misiones), Carapeguá (Paraguarí) y Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). La adjudicación de estos proyectos fue en noviembre y las empresas responsables son Sociedad Constructora Chaco SA, por G. 75.049.659.282; Construcciones y Viviendas Paraguayas SA, por G. 82.459.380.050; el Consorcio Rovella Tocsa, por G. 114.423.293.217, y Consorcio Sanitario Carapeguá por G. 87.004.947.769, sumando un total de G. 358.937.280.318. Además, de acuerdo con la acusación, señalaron que el jefe de Agua y Saneamiento del MOPC, Abelardo Martínez Ledesma, es el yerno de Carlos Rolandi Masi, representante de Electroconsult del Paraguay SA, empresa que forma parte del consorcio adjudicado para fiscalizar las obras. “Martínez Ledesma fue nombrado por la ministra Centurión, irónicamente, como administrador del contrato de la obra que será fiscalizada por su suegro”, revelan. La decisión se sustenta en la Resolución 2111, del 22 de noviembre de 2024.
En principio, la DNCP rechazó las protestas, específicamente a través de la Resolución DNCP Nº 411/25, “basándose en argumentos meramente administrativos y obviando el evidente tráfico de influencias y conflicto de interés que existen”. Sin embargo, luego resolvió reconsiderar el caso. Por su parte, la acusación sostiene que el viento se llevó el repetido discurso del presidente Santiago Peña sobre la transparencia y la objetividad en las compras públicas, en particular “para una de las obras públicas de mayor impacto social”, donde las autoridades “hacen la vista gorda”. ÚH intentó obtener la versión de Centurión, pero hasta el cierre no se obtuvo respuesta.
