Economía

La DNCP abre investigación para verificar si son obras fantasmas

Contrataciones recorrerá ciudades para corroborar si construcciones y servicios contratados fueron realmente ejecutados. Llamó la atención el acaparamiento de superproveedora.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación a la superproveedora que facturó los USD 8,3 millones a municipios y gobernaciones entre el 2018 y el 2020. El anuncio lo hizo el titular de la entidad en contacto con la 1080 AM, Pablo Seitz.

El alto funcionario estatal explicó que empezarán a verificar, con ayuda de otras instituciones, si las obras y los servicios contratados por estas entidades descentralizadas realmente se concretaron.

Dijo que saltaron inconsistencias apenas empezaron las verificaciones, como que el 90% de las licitaciones para pequeñas obras y mantenimiento que lanzaban las instituciones denunciadas, eran adjudicadas a la compañía responsable del esquema de facturas falsas. Se trata de Consultora San Miguel, de Cristino Jara.

Adelantó que entre las sanciones posibles, en caso de detectarse irregularidades, está la suspensión de la proveedora.

“Implementamos el sistema de verificación física de todos esos contratos, porque la SET se limita al área tributaria, pero tenemos que ver que esos contratos se hayan ejecutado. La SET nos dice que no hay comprobantes de que se haya cumplido, lo que no queremos es que sea un mero paso de papeles”, expresó.

Seitz agregó que la DNCP ampliará el periodo de análisis de las licitaciones. Si bien la Administración Tributaria investigó los contratos hechos por municipios y gobernaciones entre el 2018 y el 2020, la entidad reguladora de las compras públicas comenzará desde el 2014, por lo que no se descarta más implicados.

Penal. El caso denominado Facturación 2 ya fue denunciado por la SET ante el Ministerio Público. El operativo detectó la utilización de más de 1.600 facturas falsas, mediante 117 proveedores que serían empresas de maletín.

Si bien los comprobantes apócrifos encontrados alcanzarían los USD 25 millones, los utilizados por municipios y gobernaciones para justificar supuestas obras o servicios llegan a los USD 8,3 millones.

Las municipalidades afectadas son: San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty Del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan De Mena, Jesús de Tavarangué, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.

Por su parte, la gobernación afectada es Cordillera, a cargo de Hugo Fleitas (PLRA).



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