Pinochet, fallecido en 2006, fue detenido en la capital británica el 16 de octubre de 1998, después de que el juez español Baltasar Garzón dictara una orden de detención pidiendo su extradición a España por cargos de tortura, terrorismo y genocidio.
AI recordó este miércoles esa fecha en un comunicado que incluye el testimonio del abogado español Joan Garcés y la exinvestigadora de AI Virginia Shoppeé, que participaron en el caso.
Garcés, que fue asesor del presidente Salvador Allende, recabó pruebas sobre los crímenes de la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el 15 de octubre de 1998 presentó ante la Audiencia Nacional una petición de orden de detención contra el general para que fuera juzgado en España.
“Esperábamos el momento adecuado para pedir una orden de detención internacional contra Pinochet. Teníamos que esperar a que viajara a un país cuyo poder judicial fuera lo bastante fuerte e independiente como para resistir la presión política y diplomática que generaría su detención”, dijo Garcés.
Shoppeé, que escribió numerosos artículos en los que recordaba a los gobiernos europeos que tenían la “obligación” de detener a Pinochet si pasaba por sus países, considera que el arresto del dictador “marcó un hito en la lucha por los derechos humanos”.
El 8 de octubre de 1999 la justicia británica dio luz verde a la extradición a España del general chileno por los delitos de tortura y conspiración para la tortura.
Sin embargo, en marzo del 2000 el ministro del Interior británico de la época, Jack Straw, ordenó la liberación de Pinochet por motivos de salud después de que un examen médico señalara que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio.
El 3 de marzo Pinochet regresó a Chile, aunque no lo hizo “como una persona inocente, como un expresidente acusado injustamente, sino como un hombre culpable de violaciones de los derechos humanos cuya extradición no se había permitido por motivos de salud”, resalta Virginia Shoppeé.
“No debemos olvidar que Pinochet murió (en 2006) como prófugo de la justicia. Le quedó claro que la sociedad internacional lo consideraba un criminal”, concluyó el abogado español Joan Garcés.
