La desigualdad de la tierra tiene causas y consecuencias relacionadas con otras asimetrías. Los bajos niveles de impuestos pagados por la tierra incentivan la especulación y el acaparamiento y restringen el mercado de tierras. Varios informes del Banco Mundial dan cuenta de esta situación alertando sobre los riesgos para la eficiencia y la libertad del mercado de tierras.
El funcionamiento del sistema judicial y el policial tampoco contribuye a garantizar seguridad jurídica. Se han visto demasiados casos de gestión indebida y corrupta, lo cual debilitó la confianza ciudadana en estas instituciones.
En este contexto de alta desigualdad, de mala gestión de los conflictos y de una histórica crisis económica y social derivada de los problemas de acceso a la tierra, el país se debate desde siempre con respuestas que terminan generando más problemas, acrecentando las asimetrías no solo de la tierra, sino también en el acceso a la Justicia.
La expulsión de la población rural ocasiona desarraigo, migración y termina aumentando el desempleo, el empleo informal y la conflictividad en las principales ciudades y sus áreas metropolitanas.
En el sector urbano esta situación se traduce en el crecimiento desordenado de las áreas metropolitanas y de los barrios populares. El hacinamiento y la falta de servicios públicos conducen a problemas educativos y de salud.
Los altos niveles de contagio en el Departamento Central fueron en parte consecuencia de la imposibilidad de aislamiento de los enfermos en los hogares. Para estas familias fue imposible aislar a algún integrante contagiado debido a los problemas de vivienda y las carencias en el ámbito del agua y el saneamiento. Miles de jóvenes rurales sin oportunidades económicas terminan en las ciudades sin acceso a educación y a empleos de calidad.
El acceso a la tierra debe ser objetivo de la política pública en Paraguay, ya que afecta no solo a los campesinos, sino a toda la población. Las consecuencias directas del desabastecimiento son la desnutrición, la obesidad y el aumento de los precios de los alimentos, lo cual incide en la posibilidad de reducir la pobreza y las principales vulnerabilidades que enfrenta la población paraguaya en materia alimentaria. A esto se agregan los problemas en las cadenas productivas.
Es urgente hablar del tema y con la verdad. Con datos estadísticos y catastrales, analizando con total independencia los casos judiciales y con una mirada puesta en el bien común. Paraguay no merece continuar esta crisis ancestral sobre el derecho a la tierra. Nos merecemos un país con justicia económica y paz social.
Ojalá las autoridades y las élites sepan comprender esta situación y sentarse en una mesa de diálogo abierta, con toda la información existente, para dar solución definitiva a la problemática tan grave que nos mantiene en los niveles más bajos de desarrollo y de falta de cohesión social.