Estudios revelan que las violaciones contra derechos humanos no son objeto de una investigación real en nuestro país. Expertos hablan de que las dos únicas unidades especializadas de Derechos Humanos que quedan llevaron a juicio un solo caso a lo largo de los últimos años.
En los últimos días se viralizó un video de abuso policial, donde varias personas, que al parecer no tenían nada que ver con las manifestaciones y los actos vandálicos, fueron apresadas en inmediaciones de la Justicia Electoral y golpeadas. Desde Asuntos Internos de la Policía dijeron que iban a intervenir, pero hasta ahora no hay avances.
Pero este no es el único caso o denuncia que no avanza en una investigación.
La especialista en Derechos Humanos, la abogada Diana Vargas, sostiene que “la democracia paraguaya está marcada por la impunidad de hechos punibles de DDHH, en particular”.
Afirma que se trata de una decisión política que alcanza hasta el Ministerio Público y que eso se mantuvo a lo largo de los años. Según Vargas, la nula cantidad de condenas da cuenta de eso y no es simple afirmación.
“Tenemos una unidad de DDHH de cotillón, de letargo absoluto. Uno denuncia un hecho y la víctima tiene más probabilidad de ser denunciada e imputada. Lo que ocurre en la Fiscalía de DDHH es que las diligencias se demoran”, apunta.
“Hoy es una realidad que todos los días llegan personas golpeadas a las unidades y sedes policiales y eso está absolutamente naturalizado”, lamenta.
SIN INVESTIGACIÓN. Justamente, según datos de la Defensoría Pública, desde el 2018 hasta el año pasado desde esa institución denunciaron un total de 190 casos de vulneración a derechos humanos. Este año se sumaron 20 casos, pero ninguno hasta ahora fue objeto de investigación.
Al respecto, la defensora pública Lorena Segovia asegura que “estas denuncias nunca tuvieron respuesta, no terminaron en desestimaciones ni en imputaciones”.
El jueves pasado la defensora se reunió con el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, donde le puso en evidencia esta situación.
“Le dejamos copia de todas las denuncias, solicitando la priorización de esas denuncias, considerando que las violaciones de derechos humanos deben ser una prioridad dentro de la agenda de política criminal, porque, de lo contrario, lo que estamos logrando es debilitar el estado de derecho”, comenta la defensora.
Justamente, ella refiere que la utilización desmedida de la fuerza, como la tortura y los tratos crueles e inhumanos, es algo que atenta contra los derechos de las personas.
Lamenta que cuando hablamos de derechos humanos pareciera que siempre es el derecho de una persona lejana. “Solamente cuando una persona está dentro de un proceso penal sabe”, explica.
“NUNCA SE INTERESARON”. Hace unos días, el ex juez electoral Jorge Rolón Luna puso en evidencia esta situación y explicó que “el asunto de los DDHH sufre esta naturaleza política de la persecución penal: que en Paraguay al Estado nunca le interesó y ya vimos a varios fiscales generales que nunca hicieron funcionar a la Fiscalía de DDHH”.
Casos de torturas y vejámenes sin investigación
Hay un largo historial de casos denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos que no avanzaron, algunos de ellos son las torturas en las manifestaciones del 31 de marzo del 2017 y las torturas en plena pandemia.
Este julio se cumplen tres años de la denuncia contra marinos de Ciudad del Este, quienes torturaron salvajemente a treinta y cinco personas (presuntos contrabandistas).
Al día de hoy, la Fiscalía de DDHH ni siquiera ha imputado, pese a videos, fotos, partes médicos y testigos.
Otro caso sin avances es la denuncia de Cristian Servín, un manifestante golpeado y obligado por la Policía Montada a correr delante de sus caballos.
