Históricamente el problema de la tierra en el periodo independiente de la República se agravó después de la Guerra contra la Triple Alianza. Las tierras públicas fueron vendidas, dando lugar a latifundios como los de La Industrial Paraguaya, la Matte Larangeira y Carlos Casado.
Las sucesivas turbulencias políticas de inicios del siglo XX impidieron tomar en serio el tema. Solo en 1936, el gobierno del coronel Rafael Franco abordó, sin éxito, el problema de la reforma agraria.
Con Stroessner, a través del IBR y el Estatuto Agrario (1963), más por demagogia que por convicción, imperó un modelo de colonización que no iba mucho más allá del reparto de tierra. Con ello pretendía ocultar la cesión de extensos bosques a precio vil a sus leales servidores.
Esa situación no cambió mucho en democracia. El IBR pasó a ser el Indert, sin que hasta hoy haya dado pasos muy significativos.
Su ley de creación, en el artículo 4, dice que su objetivo es promover “el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando y creando condiciones propicias para el desarrollo de los productores”.
Agrega, en el artículo siguiente, que el propósito de los asentamientos es el arraigo, entendido como posesión del título de propiedad que da derecho pleno de posesión a los beneficiarios, participando “efectivamente en el esfuerzo del desarrollo institucional”, accediendo “a los servicios de salud y educación y cuenten con la infraestructura económica básica”.
Mirando las dos décadas y media transcurridas, esos fines han sido concretados en ínfimas proporciones. El Indert no ha sabido encontrar los resortes para desactivar el problema de la carencia de tierra, su politización, el despoblamiento del campo, la ausencia de oportunidades y la presión de los poderosos terratenientes o arrendatarios de parcelas de cultivos.
Además de la ineficiencia administrativa demostrada en que hasta ahora el Indert no cuenta con un registro de beneficiarios no titulados y titulados de la concesión de tierras –ahora vuelve a intentar un censo que fracasó en el gobierno anterior–, no hay catastro y la interminable venta de derecheras sigue siendo habitual.
La corrupción es otro mal endémico del ente agrario. En el último tramo del gobierno de Federico Franco se ventiló el sospechoso pago al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Oviedo Matto. En estos días la prensa desnuda casos en que el Indert vendió en el Chaco propiedades a precios irrisorios, sin atenerse ni siquiera a su valor fiscal.
En conclusión, nunca hubo voluntad política para resolver el problema de los campesinos sin tierra. Esa situación persiste hoy de modo tal a redondear la gran deuda de la democracia con ese sector social.
Si persiste el desinterés, en algunos años, el problema social de los agricultores pobres puede convertirse en una bomba de tiempo. Así es que a la par de promover el cultivo de la soja, la Alianza Público-Privada y las exportaciones de carne, será atinado buscar la manera de dar una respuesta sustentable a la falta de tierra para cultivar y vivir con dignidad.