Sin embargo, a raíz del recurso de reposición de la defensa, se suspendieron las audiencias de imposición de medidas cautelares para el citado Jiménez Gaona, a más de los imputados Marta Regina Benítez, la ex viceministra y Guillermo Alcides Alcaraz, previstos para ayer jueves.
Ayer, en la audiencia, los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma argumentaron su apelación. Señalaron que la imputación no cumplía con los requisitos legales, por lo que debía ser revocada la resolución que la admitió.
Indicaron que no describía los hechos punibles, por lo que, con ello, se violaba el derecho a la defensa, porque no sabían de qué hechos debían defenderse.
En el caso, la fiscala María Estefanía González participó de la diligencia por medios telemáticos, donde solicitó el rechazo de los recursos presentados por la defensa de los procesados.
La representante de la sociedad había imputado a los tres procesados por supuesta lesión de confianza que ocasionó un perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo de G. 109.370.912.833, por los pagos para el Metrobús.
Según la Fiscalía, en el 2016 se realizaron 22 pagos que totalizaron la suma de G. 57.979.979.340; en el 2017, hubo 108 desembolsos por valor de G. 22.759.638.729, y hasta el 15 de agosto de 2018 hubo 65 pagos que totalizaron G. 28.631.294.764, con lo que el monto asciende a la citada suma.
No obstante, las obras no fueron realizadas, conforme con la imputación de la fiscala González. La denuncia se presentó en mayo del 2018, pero recién ahora, casi cinco años después, se presentó la imputación.
El magistrado tiene tres días para dictar resolución. En caso de que el magistrado rechace el recurso, deberá dar curso a la apelación en subsidio, con lo que el Tribunal de Apelación Penal deberá reestudiar el pedido de la defensa.
Pero, con el recurso, al no quedar firme la providencia que admite la imputación y que fijó las fechas para las audiencias de imposición de medidas, no puede realizarse ninguna audiencia.
En el caso, los tres imputados ya prestaron declaración indagatoria en febrero pasado. Todos señalaron que no cometieron hechos punibles y que actuaron dentro del margen de la ley.
Defensa no apeló los embargos
Hasta el momento, la defensa de los tres procesados Ramón Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez y Guillermo Alcides Alcaraz no apelaron las medidas cautelares dictadas por el juez Humberto Otazú. Es que, a pedido fiscal, había dictado la prohibición general de enajenar y gravar bienes. Además, posteriormente, el mismo magistrado dictó también el embargo de todas las cuentas bancarias y financieras de los tres procesados, cada uno hasta cubrir la suma total de G. 36.456.970.944.