Marta Nercellas, abogada de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), afirmó que no tienen dudas que detrás de los viajes que realizó el avión venezolano-iraní se esconden actividades ilícitas por las inconsistencias detectadas.
“Parecería que detrás de una actividad lícita (flete a través de un avión), se estaría escondiendo un tipo delito que tendría que ver con el terrorismo”, sostuvo en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Nercellas pidió que los 19 tripulantes de la aeronave,11 venezolanos y un iraní, sean investigados. “Pedimos la retención del avión y la indagatoria de los tripulantes”, exigió y resaltó la colaboración de Paraguay, que alertó sobre la situación del avión.
“Las autoridades de nuestro país obviaron todas las alertas que surgieron. La aeronave y sus tripulantes se movilizaron como si nada en nuestro país”, expresó e indicó que el terrorismo es un delito transnacional que pone en crisis la seguridad de todos.
El avión retenido en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Ezeiza, es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y que actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el 6 de junio, procedente de México, haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento de una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino, porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
La aeronave llevó de Paraguay una carga de cigarrillos de Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del Grupo Cartes, del ex presidente Horacio Cartes.
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Semanas atrás, la Cámara Federal de La Plata, en Buenos Aires, avaló el fallo de primera instancia emitido a principios de agosto y se levantó la prohibición y dispuso devolver los pasaportes a la tripulación, con la condición de que se presentaran una vez por mes ante las embajadas de Argentina en Irán y Venezuela.
Argentina vivió este caso con intensidad después de los atentados sufridos contra la Embajada de Israel (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), por los que la Justicia local señala como protagonistas a Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.
La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, cuestionó el accionar del gobierno de Alberto Fernández y del servicio de inteligencia por haber permitido el ingreso del avión sancionado.
