El presidente encargado de la CSJ, Jaime Arrubla, dijo a Caracol Radio que el informe presentado este fin de semana por el fiscal encargado del caso dejó “perplejos” a magistrados de ese tribunal por cuanto vincula a altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno.
El 26 de febrero del 2009 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que la Policía sería la que se encargue de la interceptación telefónica ordenada legalmente, en lugar del DAS, envuelto en un escándalo por grabaciones ilegales. EFE/Archivo | Ampliar imagen
“Según ese informe, quedó claramente establecido que no fue cosa autónoma de los mandos medios, sino que esos mandos medios infiltraron la Corte, cometieron delitos muy claros contra los magistrados y no autónomamente y por decisión propia, sino por instrucciones de sus superiores”, dijo.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), dependiente del presidente Uribe, se encuentra en tela de juicio desde 2004, cuando los medios de comunicación ventilaron las actividades ilegales cometidas por el organismo como escuchas, espionaje y vínculos de sus altos mandos con los paramilitares.
Arrubla agregó que es necesario que la Fiscalía “abunde en las investigaciones necesarias, que esas personas rindan sus versiones sobre lo sucedido” y que muy pronto revele los resultados de esas indagaciones.
“Nos dejó perplejos el informe durante la audiencia de imputación de cargos por las revelaciones que allí nos hizo”, puntualizó.
Una jueza de Bogotá ordenó ayer prisión provisional para cinco ex funcionarios de los servicios de inteligencia al confirmar su responsabilidad en las escuchas, seguimientos e infiltraciones que hicieron contra personalidades de la vida pública colombiana.
La magistrada aceptó las conclusiones del fiscal del caso, Misael Ramírez, tras una audiencia de más de ocho horas que finalizó en la madrugada del domingo.
Un testigo del DAS afirmó que fue el Gobierno del presidente Uribe el que dio la orden a la central de inteligencia de seguir e interceptar las llamadas telefónicas de varios magistrados, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
El fiscal Ramírez reveló el contenido de esa declaración en la sesión en la que confirmó su acusación por concierto para delinquir, prevaricación y abuso de autoridad a cinco miembros de la institución.
La Fiscalía conoció a través del testimonio del declarante que se celebró una reunión en la sede del Ejecutivo, el Palacio de Nariño, en la que la directora del organismo de seguridad de entonces, María del Pilar Hurtado, recibió del Gobierno la orden de adelantar labores de inteligencia contra los integrantes del alto tribunal.
Entre los seguimientos y escuchas ilegales contra personalidades se recuerdan las del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la premio Nobel de Paz iraní, Shirin Ebadi, funcionarios de Naciones Unidas, magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema.
