En total ya fueron 35 las empresas que a la fecha ya fueron favorecidas por el Máximo Tribunal con la suspensión de los efectos de la legislación atacada de inconstitucional.
Existen más de 70 acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas ante el Máximo Tribunal de modo que se declare inconstitucional la Ley 6355 que modifica la ley que reglamenta el artículo 104 de nuestra Carta Magna.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia hicieron lugar a la suspensión de los efectos de la citada legislación hasta que se dicte sentencia en las acciones.
Asimismo, les dieron trámite a las acciones, con lo que corrieron vista a la Fiscalía General del Estado, de modo que dictamine en las mismas, antes de dictarse resolución.
Las acciones presentadas semanas atrás atacan la Ley 6355, que modifica los artículos 1, 2, 4, 7, 13 y 21 de la ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
DERECHOS VIOLADOS. Los accionantes indicaron en sus escritos que la Ley 6355 vulnera los artículos 9, de la libertad y seguridad de las personas; 107, de la libertad de concurrencia; 46 y 47, de la igualdad ante la ley y de las garantías de igualdad; y el 33, del derecho a la intimidad, entre otros.
La citada legislación, que fue aprobada en el 2019, obligaba a las empresas que tenían algún tipo de relación con el Estado a presentar la declaración jurada.
Los mismos refieren en sus acciones que no son funcionarios públicos, sino particulares, y lo que la Carta Magna no los obliga a presentarlas ante la Contraloría.
La mayoría de las acciones son presentadas por laboratorios, medios de comunicación, farmacéuticas, ingenierías, imprentas, firmas de combustibles, constructoras, frigoríficos, entre otros.
