Se trata del Juzgado de Paz del distrito de La Encarnación, en la capital, a cargo del magistrado Felipe Acosta, y el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, a cargo del juez Carlos Bogado Cuéllar.
Según las imputaciones formuladas por las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, funcionarios de ambos juzgados mintieron en sus notificaciones, con lo cual los demandados recién se enteraban de las acciones judiciales cuando sus salarios y cuentas bancarias eran embargados.
A raíz de las irregularidades detectadas por el Ministerio Público, el ministro de la Corte Antonio Fretes ordenó a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial que eleve un informe al Consejo de la Superintendencia sobre ambos juzgados.
MODUS OPERANDI. La investigación del Ministerio Público apunta a que empresas como Marité SA, Trial SA, Muñequita SA, Dos Estrellas y Soluciones Ágiles SA ofrecían créditos a docentes que supuestamente iban a ser pagados con cuotas descontadas directamente de sus salarios.
Sin embargo, estas cuotas no eran descontadas, por lo que las firmas ejecutaban los pagarés firmados por los profesores. Al respecto, la Fiscalía detectó que las demandas se hacían con pagarés por montos muy superiores a los créditos otorgados.
En muchos casos, los profesores ni siquiera llegaron a recibir la totalidad del dinero del crédito que solicitaron, según la pesquisa.
Una vez que se presentaban las demandas en los juzgados de Paz de La Encarnación y Mariano Roque Alonso, los funcionarios a cargo de las notificaciones de estas acciones judiciales acudían en todos los casos a un mismo domicilio para notificar a los demandados.
El ujier dejaba constancia de que fue a una determinada dirección y no encontró a nadie, por lo que dejaba un duplicado de la citación en la puerta del domicilio. En realidad, sostiene el Ministerio Público, en las demandas nunca se especificaron las direcciones reales de los docentes.
Tanto oficiales de justicia como ujieres notificadores fueron imputados por las fiscalas por mentir en sus notificaciones. Los docentes recién se enteraban de las demandas cuando sus salarios eran embargados, meses después de que pidieron los créditos. De hecho, la mayoría de los demandados ni siquiera residen en Asunción o Mariano Roque Alonso.
Por los casos tramitados en La Encarnación fueron imputados la ujier Elisa Montserrat Cibils Barrios y los oficiales de justicia Ana López Ledesma y Carlos Leite; en tanto que el actuario del Juzgado de Mariano Roque Alonso, Paulino Rodríguez Cuevas, también está procesado.
Asimismo, fueron imputados por presuntas estafas María Teresa Acosta de Jara y Nicolás Xavier Jara Acosta, propietarios de la empresa Marité SA.