Hagel abrió hoy el encuentro sobre seguridad global del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) con un discurso en el que destacó la importancia de la ciberinteligencia para un Pentágono que deberá elegir cuidadosamente sus gastos por los recortes.
“Es nuestra prioridad proteger las inversiones en capacidades emergentes, especialmente espacio, cibertecnología, operaciones especiales e inteligencia”, indicó el jefe del Pentágono en su discurso en el que delineó el futuro de la estrategia de Defensa.
“Los ciberataques sofisticados tienen el potencial de infligir daño a infraestructuras vitales y a la economía nacional y mundial...esto requerirá que sigamos dando la más alta prioridad a la capacidades de ciberdefensa”, indicó Hagel.
Hagel no se refirió a los escándalos de espionaje electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), bajo administración del Pentágono, pero el tema estuvo muy presente en la conferencia de este martes.
En ese mismo foro, asesores de importantes miembros del Congreso de diverso signo político debatieron sobre las repercusiones en el futuro del ciberespionaje de las revelaciones del ex analista Edward Snowden.
El debate en Estados Unidos se ha centrado en si la recopilación y análisis de los registros de llamadas y el control de las comunicaciones en internet para detener complots terroristas vulnera las protecciones constitucionales y si se han mantenido dentro de la legalidad.
“La gente no debería confundir acceso a los datos con la autoridad para usarlos”, indicó David Grannis, director de gabinete del comité de inteligencia del Senado y muy cercano a la influyente senadora demócrata Dianne Feinstein.
Tanto Grannis como Darren Dick, director de gabinete del comité de inteligencia de la Cámara de Representntes y ex asesor del senador republicano Pat Roberts, coincidieron en asegurar que todos los programas revelados por Snowden se ejecutaron sin violar la ley y con garantías de protección de la privacidad.
“La estructura legal y de supervisión no ha fallado en absoluto”, indicó Dick, que defendió la labor de la NSA y el marco legal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que establece las normas y límites al espionaje, aunque solo si vulnera la privacidad de estadounidenses o personas en territorio de este país.
El asesor general del comité judicial del Senado, Chan Park, dijo que se debe ampliar el debate sobre dónde está el límite a la vasta recolección de datos de la NSA para rastrear potenciales terroristas.
“No les quepa la menor duda que se han recopilado los datos telefónicos de todos los que están en esta sala...hay que preguntarse” cuál es el límite, aseguró Park.
Los expertos también debatieron los programas de espionaje a mandatarios extranjeros aliados. Tras las recientes revelaciones de Snowden el presidente Barack Obama ordenó detener y revisar esos programas, para presentar antes de que termine el año un nuevo marco para el espionaje.
Según una encuesta del centro de investigación Pew publica ayer, el 56 % de los estadounidenses se oponen a que se escuche a líderes aliados, mientras que el 36% considera que es aceptable pinchar los teléfonos de mandatarias como la canciller Ángela Merkel.
“La comunidad de inteligencia (de EE.UU.) está dedicada a recopilar información, algo que violan las leyes de otros países, con el objetivo de obtener información para nuestro Gobierno y ellos hacen lo mismo contra nosotros, generalmente no tan bien”, indicó Grannis, que como otros invitados en este foro expresaron una franqueza poco habitual en los pasillos de Washington.
En su opinión, el problema no es legal, sino político. “Hay que preguntarse si tiene sentido recolectar toda esa información de líderes de un país aliado”, reflexionó Grannis.
“Una vez la NSA dispone de los datos depende de ellos cómo utilizarlos y cada vez hay una mayor tentación de dedicar a más y más usos esta ingente colección de datos”, indicó Elizabeth Goitein, codirectora del programa de libertades y seguridad nacional del Brennan Center for Justice.
Jairo Mejía
