14 jul 2026

La causa del aduanero fallecido rebota de juzgado en juzgado

La causa abierta tras la muerte de Agustín Ramón Alegre Cano, el funcionario de Aduanas que murió en un accidente de tránsito en junio del año pasado, con más de G. 1.100 millones en efectivo en su poder, es una pelota tatá en el Poder Judicial. El caso se inició en Asunción, después pasó al juzgado de Hernandarias, ahora volvió a la capital para luego ser devuelto a Alto Paraná.

Evidencia.   Agustín Ramón Alegre Cano murió con más de G. 1.100 millones en su poder.

Evidencia. Agustín Ramón Alegre Cano murió con más de G. 1.100 millones en su poder.

Alegre murió en un accidente el viernes 26 de junio, luego de pasar todo el día en su trabajo. Su sueldo base, como coordinador del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), era de G. 5.330.000 más G. 1.000.000 de gratificación.

El proceso se inició para que la Fiscalía investigue el origen del dinero hallado en poder de Alegre Cano. Se trata de G. 361.265.000, USD 149.200 y 47 reales. Para la Fiscalía, los billetes podrían ser producto de una coima y estarían relacionados con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La viuda y el hijo del funcionario presentaron varios incidentes en juzgados de Alto Paraná y Asunción para que se les devuelvan todos los bienes incautados. Aseguran que el dinero era para la compra de un nuevo local de la empresa Farmadosis, una firma presidida por Alegre Cano.

Los familiares afirman que el dinero debe ser introducido en un juicio de sucesión, en tanto que el fiscal del caso, Hernán Galeano, se opone a esto señalando que no puede ser incluido en la sucesión un bien de origen dudoso.

IDAS Y VUELTAS. En un principio, la causa fue tomada por el juez Otazú, quien ordenó el secuestro del dinero incautado. Los familiares del aduanero plantearon que el Juzgado de Hernandarias lleve el caso, en cuya jurisdicción ocurrió el accidente fatal.

Otazú declinó su competencia y remitió la causa al juzgado de Hernandarias. “Yo resolví que los actos preliminares que se realizaron en mi juzgado eran de carácter urgente (...) Resolví que la causa vaya al juzgado competente, el juzgado competente de allá sacó una providencia mediante la cual aceptó la competencia y corrió traslado de los incidentes”, comentó el magistrado.

El caso fue aceptado por el juez Amílcar Marecos, de Hernandarias. Según Otazú, un tribunal de Apelaciones dispuso que el caso de nuevo vaya a Asunción para que ahí se resuelvan incidentes planteados. Mientras que la causa aún no quede firme en un juzgado, no se puede realizar la pericia al teléfono celular de Alegre Cano como anticipo jurisdiccional de pruebas.