Con la resolución de la Sala Constitucional de la Corte que rechazó in límine la acción de inconstitucionalidad de la Fiscalía, contra el fallo que anuló el proceso al contralor general, José Enrique García, la imputación espera a un juicio político para ser admitida.
El fallo de los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña, entendió que la acción de la fiscala Yolanda Portillo, no reunía los requisitos necesarios para su estudio, por lo que la rechazó in límine; es decir, sin estudiar el fondo de la cuestión.
La agente fiscal había accionado contra la resolución del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, que anuló el proceso abierto contra el contralor general, debido a que el mismo contaba con inmunidad y no fueros, con lo que debía ser sometido a juicio político para ser procesado.
La imputación en sí aún persiste, aunque actualmente cuenta con un obstáculo legal para que sea admitida por el juez de la causa. Con ello, hasta que el Congreso no realice el juicio político y destituya al contralor, el caso no puede avanzar.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Delio Vera entendieron que la jueza Lici Sánchez se equivocó al admitir la imputación, por un desafuero dado por Diputados. Indican que él tiene inmunidad y no fueros.