En una entrevista con la emisora de radio local RPC, De Saint Malo de Alvarado indicó que lo usual en estos procesos, y más en un caso de alto perfil como éste, es que se extiendan, porque hay muchos elementos que confluyen una vez que se inicia el trámite con la petición de extradición.
“Son procesos largos (...) una vez que la solicitud se tramite hay que esperar la actuación del otro país, donde hay un sinnúmero de factores que intervienen”, señaló.
La canciller recordó que ahora procede ceñirse a lo que establece la ley y los tratados en materia de extradición que Panamá tiene con Estados Unidos, donde se encuentra Martinelli según sus abogados.
En este tipo de casos se requiere tener paciencia y consideración con el tiempo que puedan llevar en tramitarse, agregó.
La titular de Relaciones Exteriores dijo que en la Cancillería no se ha recibido la notificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá para que se tramite la detención de Martinelli a fin de extraditarlo.
El pleno de la Corte Suprema ordenó este lunes la detención provisional del exmandatario, quien de acuerdo con sus abogados reside en Miami, para que comparezca en una audiencia sobre un caso de supuestas escuchas ilegales a más de 150 personas, incluidos periodistas, empresarios y opositores.
Los nueve magistrados del pleno dictaminaron que el magistrado juez de garantías del caso de las escuchas, Jerónimo Mejía, ejecute la orden de detención provisional de Martinelli.
Mejía ya fue notificado este martes por la Secretaría General de la CSJ de la decisión adoptada por el pleno de esta máxima instancia judicial, según versiones de la prensa local.
El máximo tribunal es la única institución que tiene competencia para investigar a Martinelli, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A Martinelli, que salió del país el pasado 28 de enero, el mismo día que la Corte admitió la primera de las seis causas en su contra, se le vincula con la firma irregular de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada.
Este martes el magistrado fiscal Oydén Ortega pidió la reactivación de este caso de compra con supuestos sobrecostes, suspendido temporalmente desde el pasado 2 de julio cuando el fiscal denunció la inconstitucionalidad de una ley que le impedía alargar la investigación más allá de dos meses.
El pleno de la CSJ resolvió el pasado 19 de noviembre a favor del recurso del fiscal y este solicitó ayer al juez de garantías, Jerónimo Mejía, reactivar el proceso y realizar una audiencia de control, indicó a Efe un portavoz del máximo tribunal
La compra de la comida se hizo a través del Programa de Ayuda de Nacional (PAN), una agencia gubernamental que fue centro de diversas corruptelas durante la pasada administración y que fue suprimida hace dos meses por el Gobierno actual.
Uno de los exdirectores del PAN, Giacomo Tamburelli, que se encuentra en arresto domiciliario desde hace casi un año, fue quien señaló a Martinelli en este caso de corrupción.
