Por Gustavo Ortiz G.
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Una vez más alguien utilizó un cargo público para aumentar ilegalmente el volumen de su billetera. Y una vez más no habrá castigo. ¿A usted, joven, señora, señor, no le parece repetida esta frase? Sucede que ya es habitual en el país que algún funcionario de alto o menor rango del Gobierno utilice diversa clase de artimañas para beneficiarse y favorecer a sus parientes cercanos o lejanos, con dinero o bienes del Estado, y que quede impune.
La acusación hecha en contra del político colorado Erico Ibáñez, actual presidente del Indert, de que se autoadjudicó 13 inmuebles rurales en varios departamentos, y acerca del cobro de comisiones irregulares en esa misma institución por parte de su nuera, por G. 233 millones, agregan unas líneas más al frondoso legajo de ilegalidades cometidas en la administración pública.
Otros casos igualmente vergonzosos constituyen la falsificación de títulos universitarios hecha por numerosos dependientes del presupuesto público, con la finalidad de obtener un plus de G. 500.000 otorgado en las instituciones. A propósito, el hijo de Erico Ibáñez, también empleado del Indert, firmó documentos como licenciado sin tener título habilitante y está siendo investigado junto con los demás falsos graduados.
Y, ¿creen ustedes, que esos serán los últimos actos de ilegalidad cometidos contra el erario y el pueblo paraguayo? Pero, por qué consideran que habrán muchos actos similares más? Y bueno, es cierto, es difícil pensar que ya no ocurrirán, porque se sabe que el castigo nunca les llega a los culpables, lo cual hace que otros lo intenten.
El nombramiento de los parientes de altos magistrados en puestos relevantes del aparato judicial, sin la realización de concursos, es igualmente una muestra más del deterioro que persiste en materia de designaciones oficiales que muchas veces son concretadas a cambio de favores a los benefactores.
En estas casi dos décadas de posdictadura ningún mandatario hizo llamados advirtiendo lo que les espera a sus subordinados si es que son descubiertos metiendo la mano en la lata o mal utilizando los bienes estatales.
Para pretender contar con un equipo de servidores públicos cada vez mejor, honesto e insobornable, se debe hacer una campaña continua, todos los días y de diferentes formas, señalando que hurtar dinero o apropiarse de bienes ajenos es un delito. Muchos creerán que todos saben eso, pero hay que insistir.
Si los líderes gubernamentales no enfrentan férreamente a ese flagelo que mantiene en vilo al Paraguay, es porque también tienen algo que esconder. ¿No le parece?