La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, recriminó ayer a sus colegas que impulsan la aprobación de las notas reversales de Yacyretá, durante la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Para la abogada, aprobar estos instrumentos “constituye una alta traición a la patria”.
Explicó que la deuda de la EBY con el Tesoro argentino nunca fue auditada, por lo que Paraguay no puede reconocer este pasivo. Acotó que la Nota Reversal 2/17, que modifica el Anexo C del Tratado, se basamenta en la Nota Reversal de 1992, instrumento que no fue aceptado por el Estado paraguayo (fue rechazado en 1995), por lo que infringe el principio rebus sic stantibus consagrado en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
La legisladora indicó que se tiene que cumplir lo que indica el numeral IX del Anexo C del Tratado, el cual establece que las disposiciones serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del Tratado, para lo cual se tendrá en cuenta el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.
“Es mi obligación dejar en claro la mala fe en la observancia del Anexo C del Tratado, que es la causante del desequilibrio económico financiero, registrando pasivos ilegales para beneficio del Estado argentino. Esta situación determina que la revisión de los 40 años de las bases financieras y de prestación de los servicios no es la contemplada en el numeral IX del Anexo C y por lo tanto hace inadmisible, inconveniente y contrario a los intereses de la República”, expuso.
Con relación a Añá Cuá, enfatizó que esta obra se encuentra en territorio paraguayo y se autorizó emprenderla sin aprobación del Congreso.
ARGENTINA UTILIZÓ MÁS. La patriaqueridista Rocío Vallejo indicó que Paraguay no puede aceptar cargar con el 50% del pasivo de Yacyretá, dado que Argentina utilizó el 94% de toda la energía generada hasta la fecha. Al igual que González, refirió que ese monto nunca fue auditado. Por su parte, el liberal Jorge Ávalos Mariño comentó que cuando trabajaba en la Contraloría los argentinos nunca enviaron las documentaciones respaldatorias que fueron solicitadas.