Con el argumento de que el juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo fue aprobado en el periodo parlamentario anterior y que solamente un 20% de los legisladores consiguieron su reelección, la mayoría de la Cámara de Diputados conformada por colorados y liberales salvó al alto magistrado del juicio político que debía seguir hoy en el Senado.
El diputado liberal Édgar Ortiz fue el encargado de iniciar el debate, que se extendió por unas tres horas, y dijo que se debía retirar la acusación “para evitar un papelón” ante los senadores, ya que, según el legislador, “ya no existen los argumentos para el juicio”.
Ayudado por la sala técnica, Ortiz exhibió unos datos para demostrar que la morosidad, una de las causales de enjuiciamiento, ya no existía y que esos datos surgieron de una auditoría interna realizada en la Corte. “La auditoría desmiente la acusación, vamos a pasar un papelón”, reiteró.
Inmediatamente, la encuentrista Kattya González, una de los tres fiscales acusadores, dijo que dichos documentos no son auténticos y que el informe presentado por su colega es falso. Mencionó que desde la Corte le informaron que la única oficina a la que no pudieron ingresar para realizar la auditoría fue justamente la de Garay Zuccolillo.
González recordó que el ministro fue acusado por mal desempeño de funciones, incluyendo esto la morosidad y la ineficiencia en el ejercicio de la superintendencia del Chaco. En ese sentido, hizo referencia al cobro indebido de viáticos, ya que en plena feria judicial el magistrado realizaba viajes al Chaco. “Es un ratero que usa el dinero del pueblo para ir a su estancia”, afirmó.
Indicó que no correspondía retirar el documento de acusación ya cuando los votos estaban cantados a favor de Garay (56 a favor, 10 en contra) y de rodillas le pidió perdón al ministro, “que había sido era un casi santo”.
BLANQUEO. Por su lado, y también en la búsqueda de blanquear al ministro, el liberal Eusebio Alvarenga sostuvo que la acusación contra Garay carece de legitimidad y los diputados “tenemos la obligación histórica de reparar lo que se hizo en la legislatura anterior”.
Con el mismo tono de su correligionario Ortiz, remarcó que fue el colegiado anterior el que aprobó el enjuiciamiento. Sin embargo, no actuaron de la misma manera con el juicio político del ahora destituido Sindulfo Blanco, ex ministro de la Corte, y del ex contralor general Enrique García, ya que las acusaciones de estos fueron aprobadas en el periodo pasado.
Apoyando la postura de González, se manifestó el patriaqueridista Sebastián Villarejo, quien expresó que el retiro no corresponde y que el hecho de que se haya presentado en el periodo anterior no importa. Explicó que la competencia de Diputados se acaba desde el momento en que se aprueba el juicio y ya va a la jurisdicción del Senado.
“No dota de seguridad jurídica y política lo que se pretende hacer. Es inconstitucional. Es un tema raro y peligroso lo que estamos haciendo”, advirtió, al tiempo de solicitar, como mínimo, que nada que haya sido aprobado por una mayoría pueda ser retirado por una minoría.
Ante esto, el pleno decidió que el retiro de la acusación se realice por una mayoría de dos tercios de los presentes.
Otro de los fiscales acusadores, el colorado Ramón Romero Roa, lamentó la decisión asumida por la mayoría de sus colegas y aseveró que se estaba bastardeando el instituto del juicio político.
Este nuevo pacto al que arribó en Diputados la mayoría compuesta por colorados y liberales viene precedido de la prolongada sesión la semana pasada en la que, sobre el final del juicio político, el ex contralor Enrique García presentó renuncia. Asimismo, tras la votación a favor del desbloqueo de listas en ambas cámaras.
