El paquete de medidas anunciado por el presidente Sebastián Piñera no logró rebajar la tensión en las calles y genera escepticismo sobre su capacidad para generar cambios profundos que disminuyan la desigualdad socioeconómica, el telón de fondo del estallido social en Chile.
Las manifestaciones y protestas violentas, que se intensificaron el viernes y han dejado 18 muertos, 4 de ellos extranjeros, más de 500 heridos y casi 2.500 detenidos, han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Piñera, que el martes pasado pidió perdón y presentó una agenda social.
El presidente decidió intervenir algunos puntos del modelo político, económico y social que provocan más rechazo en la ciudadanía, como las bajas pensiones, los altos precios de los medicamentos y la precaria salud pública.
MEDIDAS. La agenda contempla un alza del 20% de las pensiones que el Estado entrega a los jubilados en situación más vulnerable, lo que beneficiará a más de 1,5 millones de pensionados. También anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores que no cobren el sueldo mínimo y una subida de impuestos para las rentas más altas.
Piñera quiere bajar también el salario de los parlamentarios, que cobran más de 12.000 dólares brutos al mes, limitar la reelección y reducir el número de congresistas.
Las medidas recogen varios de los temas que más indignan a los ciudadanos chilenos, pero el anuncio del mandatario no logró calmar la agitación que se respira desde hace casi una semana y que empezó con protestas por el alza del precio del pasaje del metro de Santiago.
Para Slaven Razmilic, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), ningún anuncio del Gobierno hubiese tenido un efecto total e inmediato en la coyuntura actual, aunque la propuesta de Piñera es un paso en la dirección de buscar una solución. “Este es un avance que permite iniciar el diálogo, y debatir con menos estridencia sobre iniciativas concretas. Eso es fundamental para bajar gradualmente la tensión”, dijo Razmilic.
En su opinión, la agenda se hace cargo parcialmente de buena parte de las inquietudes de la gente que protesta, aunque hay que esperar a ver el detalle para juzgar su alcance efectivo. Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales (UDP), valoró que Piñera entendiera que la crisis no es solamente un problema de seguridad pública, aunque consideró que las medidas de la agenda social son insuficientes.
40 HORAS SEMANALES. La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer el proyecto de reducción de la jornada laboral que la establece en 40 horas, media sanción legislativa que ahora tendrá que pasar por el Senado y que copaba el debate político antes del estallido social que vive el país desde el pasado viernes. El proyecto pasó en general por la Cámara Baja con 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, una propuesta legislativa promovida por varias diputadas del Partido Comunista y secundada en bloque por la oposición. La diputada comunista Karol Cariola, una de las promotoras de la potencial normativa, explicó tras la votación que es una buena noticia para el país que se haya aprobado.
Por otro lado, las protestas ayer tuvieron su primer día sin fallecidos desde que estallaron hace 7 días con un saldo de momento de 18 muertos en las 6 primeras jornadas, informó ayer el Ministerio de Interior. El reporte referente a las masivas manifestaciones del miércoles, donde unas 100.000 personas se concentraron en Santiago de Chile para exigir la salida del presidente Piñera, sumó 101 heridos más, de ellos 58 son de la Policía y las Fuerzas Armadas.
