LIMA
Criminalidad en auge, diez años de inestabilidad política y una economía por debajo de su potencial: estos son los principales desafíos que afrontará la derechista Keiko Fujimori para gobernar Perú en el período 2026-2031.
Después de tres fracasos consecutivos, la hija del expresidente Alberto Fujimori finalmente llegará al poder tras vencer a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, por menos de un punto de diferencia.
POLARIZACIÓN. El primer desafío será sacar adelante a un país dividido, tras vencer por menos de 50.000 votos de diferencia.
Su ajustada victoria marca el regreso del fujimorismo al poder. El legado de su fallecido padre, que gobernó el país entre 1990 y 2000, divide profundamente a los peruanos desde hace décadas.
“Sabemos que el país está dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, dijo Keiko el lunes tras la conclusión del escrutinio.
Su rival cuestiona la legitimidad de los resultados.
Y el fuerte sentimiento antifujimorista que persiste entre los peruanos podría generar “resistencia y protesta” y complicar la luna de miel del nuevo gobierno, afirma el politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
FORJAR ALIANZAS. Con esta división como telón de fondo, Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016, varios de ellos destituidos por el Congreso o que renunciaron antes de correr la misma suerte. Uno, incluso, duró sólo cinco días.
Esto se debe a que Perú, aunque en la forma tiene un sistema presidencialista, de hecho ha funcionado como un parlamentarismo: el Congreso puede destituir a un presidente por “incapacidad moral permanente”, una definición vaga que queda a criterio de los legisladores.
Para no correr la misma suerte, Fujimori deberá construir alianzas en el parlamento, donde su partido Fuerza Popular no tiene mayoría propia.
“Su mayor reto es cambiar el estilo, construir un Ejecutivo con capacidad de diálogo, tanto para tejer alianzas políticas como para evitar conflictos sociales, dice Dargent.
CRIMINALIDAD. La gobernabilidad será clave para aplicar sus políticas.
El crimen organizado y la inseguridad son la mayor preocupación en Perú.
En 2025 hubo 26.500 denuncias de extorsión, nueve veces más que hace cinco años. Este delito afecta especialmente al transporte público en Lima, donde la fiscalía contabiliza más de 150 muertos vinculados a la extorsión desde agosto de 2024, en su mayoría choferes de bus, pero también pasajeros.
Tal como hizo su padre para derrotar a las guerrillas, Keiko prometió “mano dura” contra estos crímenes que ella califica de “terrorismo urbano”. Propuso además expulsar migrantes, militarizar las calles y las cárceles. Pero lograr respuestas rápidas y efectivas no será fácil, apunta Ricardo Valdés, director del Observatorio del Crimen y Violencia. El país tiene “urgencia” por resultados “y esto va a ser muy complejo porque sus medidas requieren de tiempo”, dijo el especialista a la AFP.
Economía y pobreza
Keiko Fujimori encontrará una economía que en 2025 creció 3,4% y tuvo la inflación más baja de América Latina (1,5%). Recibirá “un país con estabilidad macroeconómica”, pero con “una fuerte brecha entre la macro y la microeconomía”, señaló el analista Jorge González Izquierdo. Los buenos precios de los metales como oro, plata y cobre contribuyeron al crecimiento del PIB. Pero el país no logra beneficiarse por completo debido a la alta informalidad y a la inestabilidad institucional.
La pobreza alcanza al 27% de la población y el país debería crecer a una tasa anual de más del 6% para reducirla, advierte González Izquierdo.
Fujimori prometió centrarse en la promoción de inversiones, la generación de empleo y el desbloqueo de grandes proyectos de infraestructura.
“Cuando hay inversión hay empleo, cuando hay empleo hay ingreso y se empieza a salir de la pobreza”, resalta el politólogo Eduardo Dargent.
Sánchez se niega a aceptar la derrota y recurre a la CIDH
El candidato de la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “la grave afección al proceso electoral” en Perú, que ha ganado la derechista Keiko Fujimori por menos de 50.000 votos.
“Presentaremos un recurso ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares”, anunció Sánchez.
Defendió que su partido, Juntos por el Perú, tiene “el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), haya rechazado su solicitud de anular la votación en el exterior, lo que le daría a él la victoria, al haber sido el más votado en el territorio nacional por 32.014 votos más que Fujimori.
DENUNCIA FRAUDE. Sánchez, quien asegura, sin presentar pruebas, que en la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio se produjo un fraude, tomó esta decisión poco después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con el escrutinio y confirmó el triunfo de Fujimori por una diferencia de 49.641 votos.
Con el conteo al 100%, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% de su rival de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará oficialmente los resultados este viernes, mientras que el 15 de julio Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú. EFE
