En el allanamiento realizado ayer por una comitiva fiscal y policial en la sede del Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, encabezada por las fiscalas Yrides Ávila y Laura Bobadilla, fue en el marco de denuncias sobre una estructura de estafas que involucra a abogados, escribanos, funcionarios judiciales, gestores y jueces de paz, con numerosas víctimas reportadas.
firmas de documentos. Según la investigación, en ese Juzgado se firmaron varias órdenes de secuestros de automóviles a favor de la estructura criminal que se dedica a estafar. En el procedimiento lograron incautar varias documentaciones para seguir con la investigación. El principal sospechoso es el juez Roberto Ferreira, cuya oficina fue inspeccionada por los fiscales a cargo del caso.
El allanamiento en dicha sede judicial deriva de un allanamiento realizado el pasado miércoles en la ciudad de Ñemby, donde se dio con la captura del líder de la rosca de estafadores, identificado como Humberto Concepción Rojas Giménez.
El hombre tiene 15 antecedentes por estafa y había engañado incluso a su novia con el secuestro de su vehículo. La cantidad de víctimas “es incontable”, sostuvo la fiscala Yrides Ávila.
la denuncia. Según las denuncias realizadas ante la Fiscalía, las víctimas se acercaban hasta una playa de autos –Steven Automotores– y compraban a cuotas su vehículo, pero al momento de pagar se creaban situaciones de errores de transacciones y otros inconvenientes que obligaban a las personas a atrasar sus cuotas.
Es allí donde entran los abogados, escribanos y jueces que, mediante una orden de secuestro del vehículo, beneficiaban a la estructura para despojar a los propietarios de sus automóviles.
La mayoría de los contratos se dieron en Asunción y Central, pero los casos de supuesta falta de pagos caían en juzgados del Chaco y otras sedes con controles más debilitados, según la pesquisa.
Por este mismo esquema corrupto y extorsivo, un juez de Paz de Nueva Asunción, Departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, y una actuaria judicial también fueron imputados en el mes de marzo pasado. Se trata del juez Jorge Adolfo Franco Garelik y la actuaria Gabriela Noemí Gaona, quienes fueron imputados por prevaricato y asociación criminal, sindicados de formar un esquema de estafas en complicidad de playas de autos.
