James Carter, al llegar a la presidencia de los Estados Unidos, simplificó los trámites administrativos, con el ahorro de millones de horas, de dólares y de penurias. No sé si fue parte de su reforma, pero el hecho es que muchas resoluciones judiciales yanquis vienen en impresos, en que se deben llenar los datos básicos relativos al proceso; llenarlos y firmar lleva unos minutos. Algo parecido deberíamos hacer aquí. Redactar una resolución en jerga tribunalicia puede tomarnos mucho tiempo, causándose mucho daño a quien espera, con todo derecho, una resolución urgente. No sé qué habrá dicho, porque no podía hablar, el preso cuya resolución se dictó años después de muerto, según informaron los periódicos hace algunas semanas.
Sin llegarse a ese extremo, es alarmante la desproporción entre la cantidad de presos y la cantidad de condenados. Para julio de 2013, de 6.127 presos, solo 2.231 estaban condenados, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La misma institución señala la disparidad entre la cantidad de presos y la capacidad física de los edificios donde están; hablando mal y pronto, no hay lugar para tantos, que pueden pasar muy mal por el hecho de estar hacinados. El hacinamiento puede llevar a los malos tratamientos, y estos degenerar en tortura, que se debe investigar y evitar.
Siguiendo lineamientos internacionales, el MNP critica la forma discrecional en que se aplica la prisión preventiva en este país. Esto me recuerda lo que me dijo un destacado penalista: no sé por qué se piensa que los fiscales están solamente para acusar y para apresar; lo cree mucha gente y muchos fiscales, quienes actúan en consecuencia. Los fiscales, de acuerdo con nuestra ley, deben tomar en cuenta todas las circunstancias favorables y desfavorables para una persona, a quien no deben imputar a la ligera; tampoco deben mandarla presa sino en los casos estrictamente necesarios, ¿qué sentido tiene encerrar a una mujer encinta, sin intenciones ni posibilidades de escaparse? El hecho es que mujeres en ese estado han ido presas, y también menores de edad, que pueden aprender adentro lo que no sabían afuera.
Está probado que la TV puede tener un efecto negativo; yo creo que también en los funcionarios judiciales, que ven demasiadas películas donde los DA (siglas de fiscal en inglés) superan a James Bond. Estas son actitudes que conducen a una aplicación torcida de la ley, que no es el único problema. También es fundamental agilizar los trámites judiciales, para no dejar encerrados, sin necesidad, a quienes no pueden pagarse un tratamiento mejor.