El Tribunal Oral Federal 2 dijo este jueves que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública porque consideró que es una de las autoras del delito investigado.
En un texto de 1.616 páginas, especificó que la vicepresidenta tuvo una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de ella misma.
La resolución hace referencia al “tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida”, al “ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución” y al “poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan”.
También al “interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos”.
Todo eso constituye “la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho”, explicó.
“COLOSAL DAÑO”. El tribunal detalló la “colosal extensión del daño causado”, ya que perjudicó al erario en un “monto estrafalario” de 84.835,2 millones de pesos al 6 de diciembre de 2022 (424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).
“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, agregó el tribunal, para luego indicar que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes”.
Resaltó, además, “la inusitada prolongación en el tiempo”, desde la creación de la empresa Austral Construcciones, el 8 de mayo de 2003, hasta la decisión de despedir al personal contratado y abandonar las obras viales en curso, el 30 de noviembre de 2015. Y dijo que esas fechas “estuvieron directamente determinadas por los resultados antagónicos de dos procesos electorales”, cuando Néstor Kirchner inició su presidencia y Cristina Fernández terminó su segundo mandato.
El tribunal también fundamentó las condenas a los otros ocho ex funcionarios enjuiciados en la misma causa.
LAWFARE. La defensa de la ex presidenta, que calificó el proceso como una expresión concreta de lawfare (o guerra judicial) llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación, fue calificado por el tribunal como una “coartada” para eludir la rendición de cuentas. Resaltó que no entiende “de qué modo la hipótesis conspirativa” podría impactar en el análisis de los jueces, en tanto “no niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita”. E indicó que resulta un “cliché” vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral, aunque “ahora parece más sofisticado hablar de lawfare”.
¿PROSCRIPCIÓN? Tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones. Y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.
Fernández podría beneficiarse, por haber cumplido ya 70 años, del arresto domiciliario si la condena quedara en firme. Se prevé la reacción de la propia Cristina Fernández este viernes en una aparición en la Universidad Nacional de Río Negro, donde brindará la conferencia ¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria.
En la primera aparición de Cristina Fernández tras conocer la sentencia por corrupción, en diciembre pasado, se definió como blanco de una “maniobra” para proscribirla políticamente.
