Editorial

Justicia es cómplice de políticos involucrados en corrupción

 A pesar de que hubo numerosas denuncias con abundantes pruebas, solo cuatro políticos fueron condenados por corrupción en los últimos 30 años, según un reportaje publicado por este diario. En muchos casos revelados por la prensa, la Fiscalía y la Justicia abren expedientes, pero luego no avanzan en las investigaciones y permiten que acabe en oparei. En otras situaciones, posibilitan que los procesos se tranquen con base en interminables chicanas y en otras, directamente, se procede a blanquear a los imputados, con acciones combinadas de los poderes Judicial y Legislativo. De este modo, el sistema de Justicia se hace cómplice de los graves casos de corrupción de los políticos, con la frustración e indignación de la ciudadanía.

En estos días en que crece la indignación ante el blanqueo otorgado por la Fiscalía y la Justicia, y posteriormente por una mayoría de diputados a favor del legislador corrupto confeso José María Ibañez, se recuperó de los archivos otro caso que involucró justamente al padre del legislador, el también político colorado (actualmente retirado) Antonio Ibáñez.

El 29 de mayo de 2005, este diario empezó a publicar una serie de reportajes investigativos, demostrando que el entonces ministro de Agricultura, Antonio Ibáñez, del Gabinete de Nicanor Duarte Frutos, incurría en un grave delito al proveer carne vacuna a la Policía Nacional a través de una empresa fantasma denominada San Antonio, que había sido manejada por un testaferro y empleado suyo, llamado Faustino Decoud.

La revelación generó un gran escándalo y llevó a que se inicie un proceso a cargo de los fiscales Arnaldo Giuzzio y Adolfo Marín. Las pruebas exhibidas resultaron tan abrumadoras, que Antonio Ibáñez se vio obligado a renunciar a su cargo de ministro una semana después y a retirarse de la vida política, pero la investigación judicial terminó en el oparei. En este, como en varios otros casos, solo quedó la sanción moral.

Un reportaje publicado el domingo por este diario demostró que de los últimos casos de políticos denunciados por corrupción, desde la caída de la dictadura, solo cuatro acabaron condenados y llevados a la cárcel.

El primero de ellos fue Valentín Gamarra, titular del Indert durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, condenado a nueve años y dos meses de prisión por sobrefacturar por G. 1.250.000.000 tierras en el Chaco para un asentamiento indígena. Le siguió el ex diputado por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Silvio Ferreira, ex ministro de Justicia y Trabajo de Luis Ángel González Macchi, condenado por desviar G. 5.000 millones para las penitenciarías y por sobrefacturar G. 600 millones la compra de carne e insumos para la cárcel de Tacumbú.

También fue a prisión Judith Andraschko, ex ministra de la Secretaría de Acción Social (SAS) de Nicanor Duarte Frutos, condenada a cinco años por la compra irregular de tierras para asentamientos de familias de sintechos por valor de G. 1.654 millones, y Rubén Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) durante el gobierno de Federico Franco, condenado en el 2015 a seis años y medio de cárcel por la venta irregular de tierras indígenas por valor de G. 1.250 millones.

En la mayoría de los casos revelados por la prensa, la Fiscalía y la Justicia abren expedientes, pero no avanzan en las investigaciones y permiten que acaben en el oparei, o posibilitan que se tranquen con base en interminables chicanas. O como en el caso Ibáñez, se procede a blanquear a los imputados, con acciones combinadas de los poderes Judicial y Legislativo. De este modo, el sistema de Justicia se hace cómplice de los graves casos de corrupción de políticos, con la frustración e indignación de la ciudadanía.

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