Cristina Fernández, senadora, está acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude al Estado durante su presidencia por el expreso direccionamiento de la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.
“Esta asociación delictiva funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados”, se leyó al comienzo de la vista, celebrada en los Tribunales Federales de Buenos Aires, Argentina.
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En la lectura de cargos se remarcó que en la causa se investiga la presunta “división de roles definidos y estratégicos” dentro y fuera de la estructura del Estado y sostenido “ininterrumpidamente” a lo largo más de 12 años, destinada a cometer “múltiples delitos” con el fin primero de “sustraer y luego apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández”, se leyó.
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Y como “organizadores” al ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel de Vido; el ex secretario de Obras Publicas José López –que no estuvo en el juicio por ser imputado colaborador de la Justicia en otra causa– y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Publica Carlos Santiago Kirchner –primo de Nestor–.
También el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y al “amigo personal y socio comercial” de los ex presidentes, Lázaro Báez, entre otros.
“Para lograr sustraer los fondos del Estado escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional. Convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años”, continuó la lectura.
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De esta forma, se sostuvo una “maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez”.
Apuntaron que, una vez transferidos los fondos a Lázaro Báez, inició la etapa en la que el dinero llegó a Néstor y Cristina, “pero esta vez ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de las propiedades”, continuó.
Esas supuestas maniobras, de retorno del dinero a través del arrendamiento a Báez de inmuebles propiedad de los Kirchner, se investiga en otras causas.
En una sesión que se espera larga, Fernández se ubicó junto a su abogado Carlos Beraldi, en las filas traseras de la sala. En el banquillo, pero más adelante, se sientan también el resto de los imputados; y al final del todo, separados por un vidrio, asisten espectadores allegados a los encausados.
En diversos momentos del comienzo de la audiencia se pudo ver a la ex presidenta riendo junto a Beraldi y mirando el celular.
El tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Palliotti y el juicio tiene al Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera como partes acusadoras.
