EFE
La Justicia además señaló como sospechoso al informático que dijo haberle prestado el arma que lo mató, Diego Lagomarsino, quien deberá declarar el próximo martes.
En un extenso dictamen, el fiscal Eduardo Taiano señaló que la muerte de Nisman fue “provocada, cuanto menos, por una persona” el 18 de enero de 2015, cuando apareció con un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, de encubrir a terroristas iraníes.
Es así que solicitó al magistrado del caso, Julián Ercolini, denominar el caso como “homicidio” y citar a Lagomarsino -asesor informático de Nisman- para que declare como “partícipe primario del homicidio”, al haber aportado el arma con la que se consumó el delito por autores que aún no han sido identificados.
El juez aceptó esta petición y también llamó a declarar, entre el 20 y 21 de este mes, a cuatro custodios de la Policía Federal que tenían asignados Nisman al momento de morir, por incumplimiento en sus deberes al no protegerlo debidamente.
De momento, Ercolini no ordenó detener a ninguno, aunque pidió colocar a Lagomarsino -que tiene prohibida la salida del país desde 2015- una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.
Estas decisiones dan un giro radical en el periplo del caso, que en todo este tiempo, entre multitud de idas y venidas, pasó de la justicia ordinaria a la federal, con más competencias.
No obstante, en un principio se vertieron duras acusaciones de contaminación de la escena del crimen y Viviana Fein, la primera fiscal a cargo, fue apartada del caso.
Hace unos meses, y para intentar avanzar en las causas de la muerte (si se trató de un suicidio o un homicidio, como defiende la familia del difunto), Taiano pidió a la Gendarmería (policía militarizada) realizar un informe recreando la escena del crimen y profundizando en los detalles de la muerte.
Finalmente, en septiembre, una junta de policías y peritos estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron a Nisman en su casa a las 02.46 hora local del 18 de enero, lo que alejó la teoría del suicidio.
Taiano reseñó, con base en ese documento, que una de las personas involucradas en el crimen manipuló el arma y la otra lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima, que horas después de morir tenía previsto comparecer en el Congreso para detallar la denuncia contra Fernández.
En su acusación a la expresidenta, el fiscal creía que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013 que buscaba una colaboración conjunta para esclarecer el ataque a la AMIA, que también sigue impune, suponía en realidad un pacto para encubrir a los iraníes sospechosos del ataque con el fin de favorecer el intercambio comercial bilateral, algo que Fernández siempre ha negado.
Ya en 2015, Lagomarsino fue imputado por llevar a la casa de Nisman la pistola, que el informático reitera le pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas.
“Cuando me pide el arma y trato de convencerlo para no dársela me dice: '¿vos sabes que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo?’”, señaló Lagomarsino el pasado febrero en una entrevista, en la que aclaró que su relación con Nisman “excedía la de jefe, pero era menor que la de un amigo”.
“Mi opinión personal es que él tomó la decisión de dispararse, lo que no sé es por qué (...), si fue un suicidio inducido”, opinó.
Taiano destacó en su resolución “la relación de confianza” que tenían ambos, lo que le habría permitido acceder “tanto a la vivienda del fiscal como a sobrepasar su custodia”.
Además, acusa a Lagomarsino de tenencia ilegítima del arma, una “Bersa” calibre 22, ya que tenía la autorización vencida desde 2007.
El técnico, que tenía una cuenta bancaria con Nisman en Estados Unidos y cuya figura es muy criticada por la familia del fiscal, estaba hasta el momento imputado en el marco de una “muerte dudosa”, que es como hasta hoy se definió el caso al no haberse podido determinar las causas del deceso, pero no por homicidio.
Por otro lado, Taiano acusó a los custodios Rubén Fabián Benítez, Néstor Óscar Durán, Luis Ismael Miño y Armando Nizno de no proteger “en forma debida” al fiscal, lo que habría ayudado “a la perpetración del ilícito”.
“Por cuanto posibilitó el ingreso del arma homicida al domicilio, franqueó el acceso de los ejecutores del hecho, permitió que estos lleven adelante su accionar sin riesgo de ser descubiertos, determinó su salida impune del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inminente a su producción”, concluyó Taiano.
