En el año 2013, durante la administración de la destituida intendenta Sandra McLeod de Zacarías, se amplió el contrato para explotar comercialmente la Terminal de buses, extendiéndolo hasta el 2023.
Este paso se da luego del cuestionado acuerdo entre el intendente Prieto y el concejal Celso Miranda, alias Kelembu, que de férreo opositor pasó a ser ahora su principal aliado a cambio de la presidencia de la Junta Municipal.
La pelea por la administración de la Terminal se dirime en instancia judicial, hasta donde recurrieron los representantes legales de Itá Paraná, para exigir derechos que aseguran les fueron conculcados con la acción de la Municipalidad.
La medida forma parte de la serie de acciones que realiza la actual administración en el proceso de recuperación de la Terminal, que actualmente es manejada por la Comuna. La recaudación mensual es de G. 500 millones, que son destinados al Consejo Distrital de Salud, que maneja el Hospital Regional y dispensarios.
El pasado 19 de julio, una comitiva policial y de funcionarios municipales de la Asesoría Jurídica, encabezados por el propio intendente, tomaron la administración de la Terminal luego de estar en poder de una empresa privada por 33 años.
Después de 10 días la jueza de Primera Instancia en lo laboral del Segundo Turno, Nélida Alvarenga, dio lugar a un amparo promovido por la empresa Itá Paraná y ordenó a la Comuna devolver la Terminal. La medida fue apelada y Prieto encabezó una manifestación, con lo cual evitó el cumplimiento del amparo.
El abogado de la empresa, Víctor Ferreira, también denunció al intendente Miguel Prieto y a la asesora jurídica, Nidia Silvero, por la comisión de presuntos hechos punibles tipificados como extorsión.
500
millones de guaraníes es el monto estimado que recauda mensualmente la Municipalidad en la Terminal.
