La abogada del también ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) intentó distraer el tema de fondo, que es el entramado de corrupción que se había tejido y liderado con total impunidad desde esta institución.
Básicamente desde allí se negociaban casos (sentencias a medida), coaccionando a jueces y fiscales, según se reveló a través de los audios difundidos por la radio donde trabaja la periodista, consistentes en conversaciones telefónicas del ex senador “cocinando” los casos judiciales desde su posición de presidente del JEM, entre otros. La defensa de OGD intentó confrontar el derecho a la privacidad de su cliente con el derecho a la información de la ciudadanía, atacando la difusión de los audios en los que este quedó en evidencia comandando la perversa trama. La decisión de difundir esos audios, de los que hasta ahora ninguno de los involucrados niega que fueran sus voces, permitió desmantelar una alevosa práctica que OGD llevó a niveles escandalosos y que perjudicó a muchísima gente.
Hoy se conoce, se sabe cómo operaban desde la institución creada para enjuiciar y remover a los magistrados, fiscales y defensores públicos por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones.
De no haberse tomado la decisión de difundir esos audios, previo análisis, contextualización y chequeo de su contenido, como lo hicieron Mabel Rehnfeldt y equipo, todo hubiera seguido campante.
Por eso, es notable cómo de trastrocados se hallan los criterios a la hora de ponderar o juzgar las conductas y, más aún, desde una mirada absolutamente endógena, como si en el debate y la jurisprudencia internacional no existieran casos similares en que se han pretendido anular o desacreditar las acusaciones y pruebas contra alguien, echando mano a cuestiones de forma, para hacer ruido y distraer de la cuestión de fondo.
Un medio de comunicación se debe al derecho a estar informado, al derecho de acceder a la información que tiene el ciudadano.
Más cuando se trata de sus autoridades, entre ellas, las que valiéndose del cargo, tuercen las normas y contaminan las instituciones.
Sin la prensa, jamás hubiera estado en el banquillo de los acusados alguien como OGD, temido por los jueces y fiscales cuando en representación del Senado integraba el JEM, institución de que fue presidente y manejaba como coto de caza para subastar sentencias a cambio de castigar o librar de una sanción a jueces y fiscales.
Si cada vez que un medio de comunicación o un periodista en concreto descubre, demuestra y, como resultado de su tarea, se producen cambios para bien de los ciudadanos, pero como autor de la investigación es convocado por la Justicia, lo único que se logrará es desalentar las investigaciones y permitir que los corruptos se salgan con la suya. Además de contribuir a que el sistema judicial continúe sometido al poder político y al del dinero. Es importante tener claro quiénes son los malos de la película en todo esto. A menos que un periodista actúe fuera de los principios éticos y al margen de los parámetros de calidad de la buena prensa, no estará jamás del lado de quienes producen daño y pisotean todas las reglas.
“El único amo que yo como periodista reconozco es mi lector”, decía el maestro y periodista colombiano Javier Darío Restrepo para subrayar lo que éticamente hace un periodista cuando caen en sus manos datos irrefutables que demuestran un caso de corrupción o prueban una situación que, por su contenido, es de interés general, y debe tomar la decisión de publicarlos o no. Hacerlo, bajo criterios profesionales, es un deber tan connatural al periodismo como la búsqueda de la verdad.